Más de mil togados protestan por las reformas del Gobierno y exigen la retirada inmediata de los proyectos que afectan al acceso y la autonomía del Ministerio Fiscal
The post Histórica huelga de jueces y fiscales contra las “leyes Bolaños” sacude la Justicia española first appeared on Hércules. La tensión entre la Judicatura y el Ejecutivo ha estallado este miércoles en toda España. Miles de jueces y fiscales han secundado un paro simbólico de diez minutos a las puertas de los juzgados en señal de protesta contra dos reformas impulsadas por el Ministerio de Justicia que consideran una amenaza directa a su independencia profesional. La movilización, de carácter inédito por su dimensión y unidad, ha sido convocada por todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las de corte progresista.
El paro ha sido secundado, además, por más de mil jueces y fiscales de base, que han impulsado una huelga al margen de las asociaciones bajo el paraguas del nuevo colectivo “Unión de Fiscales y Jueces”. En apenas tres días, su manifiesto, difundido en redes sociales, ha cosechado más de mil adhesiones. El grueso de sus integrantes pertenece a las últimas promociones, pero también cuenta con veteranos del poder judicial.
Dos reformas criticadas: acceso y Fiscalía
La protesta se dirige contra dos proyectos del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Por un lado, el que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal, y por otro, el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para trasladar las investigaciones penales a los fiscales, restando funciones a los jueces instructores.
Las asociaciones convocantes (APM, AJFV, FJI, AF y APIF) alertan de que ambos textos suponen una grave amenaza a la independencia judicial y no responden a una demanda social real. Según su comunicado, las reformas “no solucionan los verdaderos problemas de la Justicia” y “acentúan la injerencia política” en la Fiscalía, al aumentar el poder del fiscal general del Estado sin contrapesos.
Sobre la nueva ley de acceso, critican que impone cambios de calado sin diálogo ni consenso. En el caso del Ministerio Fiscal, lamentan que se pierda una oportunidad para garantizar una auténtica autonomía funcional de los fiscales, tal como exige el marco europeo.
La reunión mantenida el pasado 4 de junio entre las asociaciones y el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, fue calificada por las primeras como “no productiva”. Denuncian que el Gobierno se niega tajantemente a retirar las reformas, muestra falta de voluntad real de consenso y busca simplemente “aparentar diálogo”.
“Parece claro que la postura del Ministerio es inamovible”, señalaron tras el encuentro. Aun así, manifestaron su disposición a seguir acudiendo a reuniones “que tengan por objeto avanzar en un verdadero estatuto profesional”, pero advirtieron: “No vamos a contribuir a aparentar que se nos escucha cuando no es así”.
Desde el Ministerio, en cambio, se sostiene que la reunión fue “constructiva y respetuosa” y se insiste en la necesidad de reformar la ley para “modernizar el acceso, blindar becas, garantizar ascensos automáticos y estabilizar a jueces y fiscales sustitutos, cumpliendo con las exigencias de la Comisión Europea”.
En paralelo al paro, las asociaciones convocantes han iniciado una ronda de contactos con grupos parlamentarios y órganos del sector jurídico, como el Consejo General de la Abogacía del Estado, Procuradores o Abogados del Estado. También han advertido de que, si sigue adelante el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos en los términos actuales, presentarán recursos judiciales para impugnarlo.
Algunas asociaciones de jueces sustitutos también han expresado sus reservas, exigiendo que la ley de acceso cumpla con las directivas europeas contra el abuso en la temporalidad.
La movilización de este miércoles marca un hito en la historia reciente del poder judicial en España. Por primera vez, un sector tradicionalmente reacio a las protestas se organiza en bloque contra el Ejecutivo, reclamando respeto a la independencia judicial y denunciando una reforma que, a su juicio, erosiona pilares fundamentales del Estado de derecho.
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