Jueces y fiscales inician huelga contra las reformas judiciales del Gobierno por su impacto en la independencia del Poder Judicial
The post Huelga de jueces y fiscales: pulso por la independencia first appeared on Hércules. La huelga de jueces y fiscales arranca este martes en toda España, marcada por una amplia movilización de la mayoría de asociaciones profesionales del sector. El paro, que se extenderá durante los días 1, 2 y 3 de julio, se convierte en el mayor pulso al Ministerio de Justicia desde 2018. Las organizaciones convocantes denuncian que las reformas impulsadas por el Gobierno atentan contra la independencia judicial, mientras el ministro Félix Bolaños se mantiene firme en su defensa del plan de modernización.
Un frente amplio contra las reformas del Gobierno
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y las asociaciones de fiscales AF y APIF lideran la protesta. Solo dos entidades se han desmarcado: Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
El malestar comenzó con un paro simbólico de diez minutos el pasado 11 de junio, seguido de una concentración ante el Tribunal Supremo. El 17 de junio, las asociaciones dieron el paso definitivo y convocaron una huelga de tres días, advirtiendo que la desconvocarían si el Ejecutivo retiraba su paquete legislativo. No hubo marcha atrás.
El Ministerio mantiene su postura: reformas “imprescindibles”
Desde el Ministerio de Justicia, Bolaños ha insistido en que los cambios son “imprescindibles para afrontar los desafíos de la Justicia del siglo XXI”. En una carta enviada a las asociaciones, el ministro defiende que las estructuras judiciales “no se han modificado en lo sustancial desde hace décadas” y asegura que se abrirá un canal de participación durante la tramitación parlamentaria.
Pese a la invitación al diálogo, las asociaciones han interpretado el gesto como un “brindis al sol”, afirmando que no se ha demostrado voluntad real de rectificación. Las reuniones con diputados socialistas no lograron revertir la convocatoria.
Advertencias sobre la politización y el acceso a la carrera judicial
El núcleo de la protesta gira en torno al riesgo de “selección ideológica” en el acceso a las carreras judicial y fiscal. Las asociaciones denuncian que la nueva normativa reduce la exigencia académica y elimina contenidos clave para la formación jurídica, sustituyéndolos por pruebas más subjetivas y vulnerables a posibles filtraciones.
En paralelo, rechazan la transformación de la figura del fiscal instructor sin suficientes contrapesos institucionales. El aumento de competencias del fiscal general del Estado, nombrado directamente por el Gobierno, genera especial preocupación por la falta de filtros previos y la amenaza al principio de imparcialidad.
El CGPJ cuestiona la legalidad del paro
La convocatoria no ha estado exenta de controversia interna. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebró un pleno extraordinario donde concluyó, por unanimidad, que la huelga carece de soporte legal, dado que no existe regulación específica que ampare el ejercicio de este derecho en la carrera judicial.
Pese a ello, el CGPJ no impondrá sanciones a quienes participen en el paro. Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recordó que el Ministerio Fiscal tampoco tiene competencia para fijar servicios mínimos, aunque pidió garantizar actuaciones esenciales para no afectar derechos de los ciudadanos.
Las asociaciones defienden su derecho fundamental a la huelga
Las asociaciones convocantes respondieron apelando al artículo 28.2 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de huelga como un derecho fundamental. Alegan que la falta de normativa específica no puede utilizarse para restringir su ejercicio.
Además, han advertido que cualquier intento de obstaculizar o coaccionar la participación puede constituir una infracción muy grave. Ante la falta de fijación oficial, el Comité de Huelga ha establecido servicios mínimos para asegurar la atención a los asuntos urgentes.
El Ministerio de Justicia ha solicitado al CGPJ que habilite mecanismos para detraer el salario correspondiente a los días no trabajados durante la huelga, como ya ocurrió en 2018. En aquel entonces, hubo litigios por errores en las detracciones salariales.
Desde las asociaciones se asume el coste económico de la protesta. Aseguran que el sacrificio es necesario ante lo que consideran “el retroceso más grave del Poder Judicial en los últimos 40 años”.
Voces críticas contra la reforma: “Una justicia politizada”
El portavoz de la AJFV, Sergio Oliva Parrilla, ha sido uno de los más contundentes. En declaraciones remitidas a los medios, denuncia que las reformas atentan contra “el derecho ciudadano a una justicia independiente e imparcial del poder político”.
Según Oliva, la normativa favorece accesos arbitrarios a la judicatura, refuerza el poder del fiscal general del Estado, restringe la participación democrática en las salas de gobierno e inicia un proceso de estabilización que contraviene los principios de mérito y capacidad consagrados por la Constitución.
“Todos queremos una justicia moderna y europea, pero esta ley pretende lo contrario”, sentencia el portavoz.
Las asociaciones ya han anticipado que, una vez concluidos los tres días de huelga, se realizará una evaluación conjunta sobre la respuesta institucional y el estado parlamentario de las reformas. En función de ese análisis, se decidirá si se amplían las movilizaciones y en qué momento.
Este paro es el sexto protagonizado por el sector judicial desde 2009. A Bolaños le preceden ministros de ambos partidos: Fernández Bermejo, Caamaño, Ruiz-Gallardón, Catalá y Dolores Delgado también enfrentaron huelgas similares.
Punto de inflexión
La huelga de jueces y fiscales se perfila como un punto de inflexión en la pugna por el modelo de justicia en España. La cuestión no es únicamente legal o institucional, sino profundamente política: ¿puede el sistema judicial conservar su independencia en medio de reformas que alteran las bases del acceso y funcionamiento de la carrera? Las próximas semanas, y sobre todo el desarrollo parlamentario, darán respuesta.
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