La norma permite establecer multas de 500 euros y condena con penas de hasta un año a quienes se encarguen de la organización
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Imagen: manifestación del orgullo I AP
Hungría ha dado un nuevo paso en la restricción de los derechos de la comunidad LGTBI+ con la entrada en vigor de una ley que prohíbe la “promoción” y representación pública de la homosexualidad y la diversidad de género, especialmente ante menores. La nueva normativa, impulsada por el Gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán, ha provocado la prohibición por primera vez de la marcha del Orgullo en Budapest y ha suscitado la preocupación de organizaciones internacionales y de la Unión Europea, que estudia posibles sanciones contra el país por vulneración de derechos fundamentales.
Una ley que criminaliza la visibilidad LGTBI+
La ley, aprobada en marzo de 2025 mediante un procedimiento acelerado y sin apenas debate público, modifica varias normativas clave: la Ley sobre el Derecho de Reunión, la Ley de Faltas y la Ley sobre el Análisis de Imágenes Faciales. Su objetivo declarado es “proteger a los menores” y, para ello, prohíbe la celebración de reuniones o manifestaciones que puedan “representar o promover” la homosexualidad o el cambio de sexo ante menores de 18 años. La policía húngara ha utilizado por primera vez esta ley para vetar la celebración de la marcha LGTBI+ prevista para el 1 de junio, alegando que podría suponer una “violación de los derechos de los niños”.
La normativa permite imponer multas de hasta 500 euros a quienes asistan a reuniones prohibidas y penas de hasta un año de prisión para los organizadores. Además, autoriza el uso de tecnología de reconocimiento facial para identificar a los participantes y amplía los motivos por los que la policía puede dispersar manifestaciones, lo que supone un recorte sin precedentes del derecho de reunión y libertad de expresión para las personas.
Contexto y reacción internacional
La ley contra la “promoción” de la homosexualidad en Hungría se enmarca en una tendencia creciente de retroceso de derechos en Europa del Este. Desde 2021, el Gobierno de Orbán ha impulsado una serie de reformas que prohíben la representación positiva de la homosexualidad en medios, escuelas y espacios públicos. La nueva ley va más allá, al criminalizar cualquier acto público de visibilidad LGTBI+ y permitir la persecución de quienes organicen o participen en eventos como el Orgullo.
Organizaciones como Amnistía Internacional y el Comité Helsinki han denunciado que la ley vulnera derechos fundamentales protegidos por la legislación europea e internacional, como la libertad de reunión y la igualdad ante la ley. La Comisión Europea ha anunciado que analizará la normativa y no descarta tomar medidas legales contra Hungría por violar los tratados comunitarios.
Tras la aprobación de la ley, 22 embajadas europeas, entre ellas las de Alemania, Francia, Reino Unido y España, han expresado su profunda preocupación por la deriva autoritaria del Gobierno húngaro y las restricciones impuestas.
Un retroceso en derechos y libertades
La entrada en vigor de la ley contra la “promoción” de la homosexualidad ha desencadenado una oleada de protestas y movilizaciones en Hungría, donde activistas y organizaciones sociales advierten del riesgo de criminalización y estigmatización de las personas LGTBI+. Amnistía Internacional subraya que la normativa es “la última medida que ataca y estigmatiza a las personas intentando eliminar los derechos conquistados con tanto esfuerzo”.
El caso húngaro se ha convertido en un símbolo del retroceso de derechos en Europa y plantea un desafío directo a los valores de igualdad y libertad que defiende la Unión Europea.
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