El nuevo Pacte Nacional per la Llengua fija como objetivo que el catalán sea lengua habitual en el ámbito laboral y en los organismos estatales en Cataluña
The post Illa pacta con ERC hacer al catalán obligatorio en la empresa privada y en la Administración del Estado first appeared on Hércules. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha formalizado este martes un acuerdo con ERC y los comunes para reforzar la presencia del catalán no solo en las instituciones autonómicas, sino también en el sector privado y en la Administración General del Estado. El llamado Pacte Nacional per la Llengua se convierte así en una ambiciosa hoja de ruta para imponer el uso habitual del catalán en todos los espacios sociales, educativos y laborales de Cataluña, tanto públicos como privados.
Este pacto lingüístico, que deja fuera a Junts y la CUP por considerarlo poco agresivo, ha sido dotado con 255 millones de euros para su primer año de aplicación y busca extender progresivamente el catalán como lengua de uso obligatorio en la actividad económica y en las relaciones con el Estado.
Un frente común para blindar el catalán en todos los ámbitos
Uno de los puntos más polémicos del documento es el objetivo 14, donde se fija como meta “conseguir que el catalán se incorpore plenamente como lengua de uso habitual en el mundo del trabajo y en el mercado laboral”. En la práctica, esto supone una intervención directa en el funcionamiento de las empresas privadas, al promover medidas que condicionen las contrataciones, tanto públicas como privadas, al conocimiento y uso del catalán.
El plan prevé imponer cláusulas lingüísticas en la contratación pública, garantizar “los derechos lingüísticos de los trabajadores” y fomentar investigaciones para “detectar buenas prácticas” que sirvan de modelo. Con ello, el Govern busca avanzar hacia un entorno laboral catalanizado, donde el uso del castellano quede relegado.
Otra de las prioridades del pacto es forzar a la Administración General del Estado a asumir la oficialidad plena del catalán en todas sus actuaciones dentro del territorio catalán. El objetivo 4 del documento explicita la intención de que el catalán sea la lengua vehicular también en las relaciones entre ciudadanos y organismos estatales, incluidas las empresas concesionarias que operan en Cataluña.
Este planteamiento va más allá del marco legal vigente, ya que pretende que organismos dependientes del Estado adopten el catalán como lengua preferente, incluso si no existe una obligación jurídica explícita. Supone, por tanto, una presión política sostenida sobre el Estado para adaptar su operativa al marco lingüístico marcado desde la Generalitat.
Un tripartito lingüístico sin Junts ni la CUP
Aunque se presenta como un gran pacto de país, el acuerdo no ha sido firmado por Junts ni la CUP, que critican su falta de ambición. Ambas formaciones exigen una respuesta clara y contundente ante una eventual sentencia del Tribunal Constitucional que declare inconstitucional la normativa catalana que impide aplicar la decisión del TSJC que obliga a impartir al menos un 25% de clases en castellano en los colegios.
Ni Illa ni sus socios de ERC y los comunes han querido concretar qué ocurrirá si el TC anula la norma blindada por la Generalitat, lo que pone de manifiesto una falta de consenso total incluso dentro del soberanismo catalán en torno a los límites de la inmersión lingüística y el choque con los tribunales.
La firma de este pacto supone un giro estratégico del PSC en materia lingüística. Illa, que se ha presentado como una figura de consenso y moderación, se alinea ahora con las tesis más duras de ERC en cuanto a la catalanización integral de la sociedad catalana. Con ello, pretende consolidar su posición como presidente de la Generalitat, aunque a costa de tensar la convivencia lingüística y reabrir el debate identitario.
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