El Gobierno espera que la empresa incumpla los plazos para evitar el pago de los 6,8 millones pactados por cartuchos para la Guardia Civil
The post Interior no se ha pronunciado a menos de 24 horas de finalizar el plazo de ejecución del contrato de las balas israelíes first appeared on Hércules. A punto de que expire el plazo para la entrega de 15 millones de cartuchos de origen israelí destinados a la Guardia Civil, el Ministerio del Interior mantiene formalmente vivo el contrato, pese a que el Gobierno asegura que no permitirá su ejecución. El Ejecutivo de Pedro Sánchez apuesta por una fórmula legal que le permita eludir el pago de 6,8 millones de euros sin incurrir en ilegalidades: dejar que la empresa adjudicataria incumpla el plazo de entrega y así rescindir el contrato sin indemnización.
El contrato sigue en pie a 24 horas del límite: Interior busca sortear el pago sin romper la ley
Firmado el 18 de abril, el contrato fue adjudicado a Guardian Homeland Security, representante en España de la israelí IMI Systems, fabricante exclusivo de la munición compatible con las pistolas Ramon, también israelíes, adquiridas previamente por la Guardia Civil. El problema estalló cuando se hizo público que, pese a anunciar en octubre que España no compraría más armamento a Israel por la guerra en Gaza, Interior había formalizado la compra en Semana Santa. La noticia provocó un terremoto en la coalición de Gobierno, con Sumar acusando de “traición” al PSOE y amenazando con romper el pacto.
Lejos de anular oficialmente el contrato a través del Boletín Oficial del Estado, el Gobierno ha optado por dejar pasar el plazo de entrega, que expira este jueves 15 de mayo, como vía para declarar la invalidez del acuerdo por incumplimiento de la empresa. Según fuentes gubernamentales, ni un solo cartucho ha llegado ni se espera que lo haga. La estrategia consiste en no conceder el permiso de importación de armamento, competencia de la Secretaría de Estado de Comercio, lo que impide legalmente que se cumpla la entrega.
Esta maniobra, sin embargo, no está exenta de riesgos jurídicos. La Abogacía del Estado ya ha advertido de posibles consecuencias si se considera que el Ejecutivo ha actuado con conocimiento de causa al bloquear un contrato válido, lo que podría derivar en acusaciones de prevaricación o incluso malversación.
El silencio de las empresas y la incertidumbre operativa
Ni Guardian Homeland Security ni IMI Systems han ofrecido explicaciones públicas. Tampoco la Embajada de Israel en Madrid ha respondido a las reiteradas preguntas sobre si recurrirán la medida ante tribunales españoles o internacionales. Mientras tanto, la Guardia Civil afronta un problema logístico y de seguridad: las pruebas técnicas realizadas por el Servicio de Armamento del cuerpo concluyeron que solo las balas israelíes superan los test de compatibilidad con las pistolas Ramon. El resto de marcas se encasquillan y pueden poner en riesgo la vida de los agentes.
Este dato complica aún más la situación. Las unidades especiales de la Guardia Civil, como los GRS o la Usecic, se enfrentan a la posibilidad de quedarse sin munición adecuada para sus armas cortas, lo que compromete directamente su operatividad en misiones de riesgo.
En el Congreso, PP y Vox han anunciado que interpelarán al ministro Grande-Marlaska por lo que consideran un “esperpento contractual”. En paralelo, el Senado también debatirá el caso, con la popular Alicia García exigiendo explicaciones al PSOE por una gestión que califica de “chapuza política y administrativa”.
La polémica ha dejado al descubierto la falta de coordinación interna entre los ministerios y la fragilidad de los equilibrios dentro del Ejecutivo. A menos de 24 horas para el vencimiento del plazo, el Gobierno mantiene la apuesta por el silencio y la inacción como vía de escape legal, en un asunto que combina fallos de gestión, intereses internacionales y una decisión política que podría salir muy cara.
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