La Audiencia Nacional investiga a una supuesta organización criminal dedicada a la sustracción, venta y blanqueo de datos robados de entidades públicas y privadas
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El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez a su llegada para declarar en la Audiencia Nacional, a 28 de octubre de 2024, en Madrid // Eduardo Parra – Europa Press
El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha presentado su dimisión en plena tormenta política por la presunta ofensiva del Gobierno contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según fuentes del Ministerio del Interior, Pérez deja el cargo por “motivos personales”, aunque su salida coincide con una escalada de tensiones internas y mediáticas sobre el papel del ministerio en las investigaciones de corrupción que afectan al Ejecutivo.
Pérez ha sido la mano derecha de Fernando Grande-Marlaska desde 2018, primero como jefe de gabinete y, desde enero de 2020, como secretario de Estado. Su dimisión se hará efectiva en el próximo Consejo de Ministros, en un contexto de acusaciones sobre intentos de desacreditar a la UCO, unidad clave en investigaciones sensibles como la que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.
Entre los hechos que han intensificado la crisis se encuentra un audio filtrado por El Confidencial, donde Leire Díez, asesora cercana al PSOE, trataba de implicar a un mando de la UCO. A esto se suman las declaraciones de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sugiriendo que la unidad podría haber filtrado información perjudicial para el Gobierno.
Aunque Marlaska ha reiterado su “respaldo decidido” a la Guardia Civil y ha negado cualquier acusación directa desde el Ejecutivo, en el entorno del ministerio y entre la opinión pública crece la impresión de que existe una estrategia para debilitar o neutralizar la labor de la UCO.
Pérez, nacido en 1981 y juez de carrera, ha trabajado en distintos juzgados de Andalucía y Castilla-La Mancha. En su gestión destacan decisiones polémicas, como la instrucción para no sancionar el consumo de drogas en vehículos estacionados, y otras más valoradas, como el incremento récord de efectivos en Policía Nacional y Guardia Civil.
Su salida es interpretada como una maniobra para contener el desgaste político del Ministerio del Interior, aunque desde el propio departamento se admite que el ambiente es “irrespirable” y que podría no ser la última dimisión si la crisis se agudiza.
Detenido el número dos de Interior
La Audiencia Nacional ha ordenado la detención de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y del conocido hacker José Luis Huertas, alias ‘Alcasec’, por su presunta implicación en una red criminal dedicada a la exfiltración, comercialización y blanqueo de datos robados. En la operación han sido arrestadas también otras dos personas, entre ellas el youtuber Álvaro Martín, en Andorra, y Adrián Molina.
La operación, coordinada por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, la magistrada María Tardón, se encuentra bajo secreto de sumario. Está previsto que los cuatro detenidos presten declaración este jueves ante la jueza. Las investigaciones apuntan a que los arrestados formaban parte de una estructura organizada que accedía ilegalmente a bases de datos de entidades públicas y privadas, obtenía información confidencial y la vendía en el mercado negro digital.
Los beneficios obtenidos habrían sido blanqueados mediante diversas fórmulas, entre ellas, la creación de sociedades interpuestas y el uso de criptomonedas, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Un ex alto cargo de Interior vinculado al ‘hacker’ desde su juventud
La detención de Francisco Martínez ha causado gran impacto en el ámbito político y judicial. El que fuera ‘número dos’ del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy cumplía este martes 50 años cuando fue arrestado.
Según fuentes cercanas a su defensa, Martínez habría conocido a ‘Alcasec’ cuando este era menor de edad y habría ejercido como su abogado. En ese contexto, explican, se limitó a constituir dos sociedades mercantiles para el hacker, por las que cobró 1.500 euros, sin participar posteriormente en su gestión, administración o contabilidad.
No obstante, los investigadores sospechan que dichas sociedades podrían haber sido utilizadas como instrumentos de blanqueo de capitales derivados de las actividades ilícitas de la red.
José Luis Huertas, alias ‘Alcasec’, no es un desconocido para la justicia española. En enero de 2024 fue procesado por la Audiencia Nacional por su implicación en un ciberataque al Punto Neutro Judicial (PNJ), una plataforma que permite la interconexión de bases de datos judiciales sensibles. Su detención en mayo de ese año marcó el inicio de una vigilancia intensiva sobre su entorno y sus actividades, que habría desembocado ahora en esta nueva operación.
La detención de Huertas y sus presuntos colaboradores vuelve a situar en primer plano el problema del cibercrimen organizado en España, especialmente aquel orientado a la sustracción y tráfico de datos personales y judiciales.
La jueza Tardón investiga a los detenidos por una batería de delitos especialmente graves: blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos, además de intrusismo informático y cesión de datos reservados. Las penas asociadas a estos delitos pueden superar los 15 años de prisión, en función del grado de implicación que se determine para cada uno de los investigados.
La gravedad del caso ha llevado a la Audiencia Nacional a mantener el secreto de las actuaciones hasta que los detenidos declaren y se analicen los dispositivos incautados durante los registros.
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