El eurodiputado mantiene que se trata de una “persecución política” y su abogado alude a la presunción de inocencia y la libertad de expresión
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Imagen: el eurodiputado, Alvise Pérez I EP
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla ha decidido citar como perjudicada a una de las hijas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de una causa penal abierta contra Luis “Alvise” Pérez, líder del partido Se Acabó la Fiesta. La decisión se produce tras la denuncia presentada por la abogacía del Estado a raíz de unas publicaciones del acusado en redes sociales que aludirían de manera directa a la menor.
Investigación por calumnias y vulneración de derechos fundamentales
La jueza investiga si los mensajes difundidos por Alvise constituyen un delito de calumnias, así como posibles atentados contra la integridad moral y el honor de la hija del presidente, que en el momento de los hechos era menor de edad. La Fiscalía ha respaldado la citación en calidad de perjudicada, al considerar que la exposición pública a la que fue sometida podría haber causado un daño psicológico relevante, agravado por la viralización del contenido.
Según fuentes judiciales, la causa se encuentra aún en fase preliminar y no se descartan nuevas diligencias de investigación. De momento, se han solicitado informes periciales sobre el impacto de las publicaciones en redes sociales y se ha requerido a las plataformas implicadas que conserven los contenidos compartidos por el acusado.
Una ofensiva política en el contexto electoral
Las publicaciones se difundieron en plena campaña electoral para las elecciones europeas, en las que el exasesor y agitador político se presenta con un discurso marcadamente antipolítico y de confrontación con los partidos tradicionales. Desde el Ejecutivo, varios ministros han condenado lo que consideran una estrategia de acoso político que traspasa los límites éticos y legales, especialmente al implicar a menores de edad.
La Moncloa ha evitado hacer declaraciones directas sobre el procedimiento judicial, pero ha reiterado la necesidad de proteger la esfera privada de los familiares de cargos públicos. “En democracia, la crítica política no puede justificar la vulneración de derechos fundamentales, y mucho menos cuando hay menores implicados”, expresó un portavoz gubernamental bajo condición de anonimato.
Reacciones del entorno de Alvise
Desde el entorno de Alvise Pérez, el propio acusado ha asegurado en redes sociales que se trata de una “persecución política” y ha enmarcado el proceso judicial dentro de lo que denomina una “campaña de censura orquestada por el Gobierno”. A pesar de la gravedad de las acusaciones, sus seguidores han redoblado el apoyo en redes sociales, donde el discurso del candidato mantiene una fuerte resonancia entre sectores críticos con el sistema.
El abogado defensor ha indicado que colaborarán con la justicia “en la medida en que se respeten los derechos de defensa y la libertad de expresión”, y ha solicitado que se respete la presunción de inocencia.
Un caso que reabre el debate sobre los límites del discurso político
Este procedimiento reabre el debate sobre la protección de la intimidad familiar de los dirigentes políticos y los límites del discurso en redes sociales, especialmente cuando se ve implicada la imagen de menores. Organizaciones defensoras de los derechos digitales y de la infancia han advertido del aumento de casos en los que figuras públicas utilizan internet como plataforma de exposición dañina de personas ajenas al debate político.
La causa sigue su curso y se prevé que en las próximas semanas la juez fije la fecha de declaración de la hija del presidente, que acudirá con asistencia jurídica especializada para preservar su integridad durante el proceso.
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