La decisión de Marlaska deja sin efecto las sanciones administrativas de la ley de seguridad ciudadana respecto a la tenencia ilícita
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Fuente: JUCIL
El Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, ha decidido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben dejar sin sanción administrativa a las personas que consuman o posean drogas dentro de sus vehículos particulares, estando sancionados.
La decisión de Marlaska deja sin efecto las sanciones administrativas de la ley de seguridad ciudadana respecto a la tenencia ilícita o al consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el interior de los vehículos particulares utilizados “exclusivamente como medios de transporte estacionados”.
Interior añade que cuando el vehículo se considera en tránsito sí que se podría tratar de una conducta subsumible en el Código Penal, concretamente un delito contra la salud pública o de un delito contra la seguridad vial.
“Dicho precepto deja al prudente criterio de los agentes actuantes apreciar si el hecho de consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el interior de un vehículo particular utilizado exclusivamente como medio de transporte estacionado es o no constitutivo de una infracción grave en virtud del apartado 16, puesto que el texto sólo menciona los transportes colectivos”, advierte la Secretaría de Estado de Seguridad. JUCIL, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, manifiesta su más firme
desacuerdo con la instrucción emitida por la Secretaría de Estado de Seguridad que ordena a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no sancionar el consumo ni la tenencia de drogas cuando se realice en el interior de vehículos estacionados.
Desde JUCIL consideramos que esta medida supone un grave error y transmite un mensaje contradictorio y peligroso a la sociedad. Esta instrucción se aleja del principio de prevención y protección que debe regir la actuación policial y se interpreta, de facto, como un llamamiento al consumo de sustancias estupefacientes en espacios donde debería garantizarse la seguridad pública.
JUCIL protesta contra la nueva decisión del Ministerio del Interior
El consumo de drogas es un problema de salud pública de primera magnitud en España, estrechamente vinculado con el incremento del narcotráfico. A más consumo, más narcotráfico.
Esta cadena perversa no puede ser ignorada ni minimizada desde el ámbito institucional. Este tipo de decisiones no solo dificultan la labor preventiva de los agentes, sino que alimentan la sensación de impunidad en torno al consumo de drogas.
Además, esta instrucción deja completamente desprotegidos a los menores, quienes podrían verse expuestos al consumo normalizado en espacios como los vehículos, sin que los agentes tengan margen de actuación.
Desde JUCIL solicitamos una rectificación inmediata por parte del Ministerio del Interior y reclamamos políticas coherentes y firmes frente al consumo y tráfico de drogas, que pongan en el centro la seguridad ciudadana y la salud pública. No podemos permitir que se debilite el marco legal que ampara la acción preventiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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