La incertidumbre sobre el desalojo de la Guardia Civil y sus familias que viven en el cuartel de Sant Vicenç dels Horts continúa. Las 35 familias que viven en este pabellón conocieron hace tres semanas la noticia de que Sumar presentó en el Congreso de los Diputados una decisión para que se llevara a cabo
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Desde Jupol señalan que este proyecto no es algo nuevo, al contrario, la situación se remonta a años atrás, cuando el entonces alcalde de la localidad, Oriol Junqueras, ya planteaba la necesidad de desalojar a la Guardia Civil para destinar el espacio a viviendas sociales. Sin embargo, la falta de claridad sobre la propiedad de los terrenos ha mantenido el tema en un limbo legal.
“No está muy claro de quiénes son esos terrenos”, señala la fuente de Jucil, “el partido político Sumar dice que son terrenos municipales cedidos a la Guardia Civil, mientras que desde Jucil hemos hecho una consulta oficial a la dirección general para saber de quién son estos terrenos”.
La incertidumbre sobre la titularidad de los terrenos añade un elemento más de complejidad al debate. Jucil ha solicitado formalmente información a la dirección general de la Guardia Civil, pero aún se encuentra a la espera de una respuesta. Mientras tanto, la situación de los agentes y sus familias se torna cada vez más precaria.
“Son 36 viviendas las que hay, de las cuales están ocupadas 35”, revela el miembro de Jucil, “son los propios agentes los que se tienen que gastar su propio dinero para reformar estancias del cuartel”. Esta situación evidencia la falta de recursos y el abandono que sufren los agentes, quienes se ven obligados a invertir sus propios fondos en mantener las viviendas en condiciones habitables.
La preocupación se extiende entre los agentes, quienes temen ser desalojados tras haber invertido miles de euros en la mejora de sus hogares. “Hay preocupación porque algunos agentes después de gastar miles de euros para reformar la vivienda tienen miedo e incertidumbre de que les puedan echar”, afirman desde Jucil.
La falta de alternativas habitacionales para los agentes es otro factor que agrava la situación. “La Guardia Civil no tiene donde meterse porque no hay pabellones para todo el mundo”, lamenta el miembro de Jucil, “además Barcelona es una ciudad muy cara y coger vivienda con los sueldos que hay es muy complicado sobre todo en la zona de la costa”.
El Gobierno de Cataluña planea ceder competencias de la Guardia Civil a los Mossos
La situación de incertidumbre entre la Guardia Civil no se limita únicamente a su posible desalojo y el de sus familias, también sobre sus futuras competencias en Cataluña. La consejera del Interior de Cataluña, Núria Parlon, anunció a principios de febrero que los Mossos d’Esquadra asumirán la seguridad de puertos y aeropuertos a partir de septiembre.
La asunción de esa competencia es uno de los de los acuerdos que se deben rubricar en una nueva Junta de seguridad de Cataluña, que anunció el presidente Salvador Illa. Hay que destacar que los agentes de la Guardia Civil que se encargan de las competencias de seguridad de los puertos viven en el cuartel de Sant Vicenç dels Horts, que Sumar quiere desalojar para construir vivienda social.
Desde Jucil señalan que en el momento que tenga lugar la Junta de Seguridad y que el traspaso de competencias esté formalizado, emprenderán acciones legales e irán a “donde haga falta”, al igual que hicieron con SEPRONA.
Hay que recordar que la Guardia Civil tenía las competencias compartidas con el SEPRONA, se les cedió competencias plenas a Mossos d’Esquadra y guardas forestales y apartaron a la Guardia Civil. Jucil judicializó este traspaso de competencias y está admitido a trámite desde enero de 2025.
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