Las reformas promovidas por Félix Bolaños han sido recibidas con un rechazo generalizado por parte de los profesionales del sector
The post Jueces y abogados critican las reformas de Bolaños que ponen en jaque a la Justicia first appeared on Hércules. El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de su ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha sacado adelante la denominada Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sin embargo, lejos de representar una mejora real, esta reforma ha encendido las alarmas entre jueces, magistrados y abogados, que ven en ella un experimento peligroso con consecuencias nefastas para el ya colapsado sistema judicial.
Los tribunales de instancia: una reforma sin recursos
Uno de los cambios más controvertidos de la norma es la eliminación de los juzgados unipersonales para dar paso a los tribunales de instancia, organismos colegiados que supuestamente mejorarán la eficiencia judicial. Sin embargo, las asociaciones de jueces denuncian que esta reforma se ha aprobado sin una dotación presupuestaria suficiente, lo que la convierte en un proyecto condenado al fracaso.
María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, fue contundente al respecto: “El sistema ya funciona gracias al sobreesfuerzo de los jueces. Esta nueva estructura solo aumentará la sobrecarga si no hay una inversión real”. En la misma línea, Sergio Oliva, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, criticó el proyecto calificándolo como “un cambio cosmético” que traerá caos organizativo y convertirá al juez en un simple “funcionario más”.
Un plan improvisado y sin garantías
El magistrado Juan Carlos Peinado, conocido por su independencia y por haber tomado declaración a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, tampoco ha dudado en expresar su escepticismo. En un reciente acto, Peinado calificó la reforma como “una ilusión”, asegurando que “en octubre no se habrá hecho realidad nada de lo que dice la ley”. Además, recordó que en 2010 ya se hablaba de tribunales de instancia, y que, desde entonces, el proyecto sigue sin materializarse en la práctica.
El juez también ironizó sobre el estado de la justicia en España, comparándola con un “teatro sin guion”, donde cada día los jueces deben improvisar soluciones ante la falta de recursos y apoyo institucional. Sus declaraciones no hicieron sino reforzar la percepción generalizada de que la reforma de Bolaños es puro maquillaje político sin sustento real.
Los juzgados de Violencia sobre la Mujer, al borde del colapso
Otro punto crítico de la reforma es la ampliación de competencias de los juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer, que ahora también asumirán casos de delitos contra la libertad sexual. Aunque la medida podría parecer positiva en términos de protección a las víctimas, los jueces advierten que la sobrecarga de trabajo hará que estos juzgados sean inoperantes.
Desde la asociación Juezas y Jueces por la Democracia, su portavoz Edmundo Rodríguez insistió en que sin una amplia convocatoria de jueces para 2025, esta medida será inviable. La justicia en estos casos puede convertirse en un simple trámite burocrático, restando eficacia a la protección de las víctimas.
Los abogados del turno de oficio: “una subida humillante”
La indignación con la gestión de Félix Bolaños no se limita a jueces y magistrados. Los abogados del turno de oficio también han alzado la voz tras más de un año y medio de huelga. La reciente subida del 8% en sus retribuciones, anunciada el 21 de marzo, ha sido calificada como una “broma de mal gusto”.
Belén García, secretaria general del sindicato Venia, tachó el aumento de “humillante”, recordando que los abogados de oficio en España ganan mucho menos que sus homólogos europeos. “Es como si a un fontanero le pagan por instalar una caldera, pero las reparaciones las tiene que asumir gratis”, criticó.
Virginia de la Cruz, presidenta de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), señaló que la subida del 8% “es claramente insuficiente” considerando que el IPC ha subido un 62% desde 2003. Según sus cálculos, el baremo del recurso de casación ante el Tribunal Supremo debería ser de 411 euros en lugar de los 301 actuales, una diferencia que evidencia la precariedad en la que trabajan estos profesionales.
Jueces, magistrados y abogados coinciden en que la reforma es un parche mal diseñado, sin presupuesto suficiente y con cambios que solo complicarán aún más la administración de justicia en España. Lejos de mejorar la situación, la ley amenaza con colapsar los juzgados, convertir a los jueces en burócratas y condenar a los abogados de oficio a seguir trabajando en condiciones indignas.
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