Puigdemont y su partido siguen forzando al Gobierno de Pedro Sánchez a aceptar sus condiciones a cambio de estabilidad parlamentaria
The post Junts conseguirá el traspaso de competencias migratorias a los mossos a pesar de los problemas constitucionales first appeared on Hércules. El Gobierno de Pedro Sánchez está ultimando un anteproyecto de ley orgánica para modificar el control de fronteras y permitir que los Mossos d’Esquadra asuman funciones actualmente en manos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esta reforma implicaría modificar la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que daría a la policía autonómica catalana competencias en la frontera española, una medida exigida por Junts en su negociación con el Ejecutivo.
Conflicto con la Constitución y la legislación europea
El artículo 149.1.2 de la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva en inmigración y extranjería, lo que complica una descentralización total. Para evitar una reforma constitucional, el Gobierno plantea cambios en la Ley Orgánica de Extranjería (LO 4/2000), permitiendo la participación de policías autonómicas en el control de entrada y salida de extranjeros. Sin embargo, cualquier modificación deberá cumplir con el Código de Fronteras Schengen y la normativa europea en cooperación policial, lo que podría generar un choque con Bruselas.
Negociaciones tensas con Junts
Moncloa afirma que las negociaciones con el partido de Carles Puigdemont van por buen camino, aunque sin dar detalles. Junts presiona para que la Generalitat tenga control total sobre la inmigración, incluyendo la potestad de decidir a quién expulsa o permite entrar en Cataluña. No obstante, el Gobierno insiste en que no puede ceder ciertas competencias, como la tramitación del Número de Identidad de Extranjero (NIE) y la expedición de documentos de identidad para extranjeros.
Un nuevo golpe a Policía Nacional y Guardia Civil
Si se materializa el acuerdo, los Mossos ganarían presencia en infraestructuras críticas como puertos y aeropuertos, en detrimento de las fuerzas de seguridad estatales. Esto recuerda al acuerdo alcanzado en 2024 con el Gobierno Vasco, que permitió a la Ertzaintza asumir funciones en puertos y aeropuertos, generando malestar entre los sindicatos policiales.
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, se ha mostrado reacio a ceder en este punto. Fuentes gubernamentales reconocen que “hay cosas que no dependen solo de nosotros” y recuerdan que España es frontera de la Unión Europea, lo que limita el margen de maniobra del Ejecutivo.
La presión de Junts y el auge de la extrema derecha catalana
Junts ha radicalizado su discurso sobre inmigración debido a la presión de Aliança Catalana, formación ultra que le disputa el electorado. En 2024, la formación de Puigdemont ya exigió que Cataluña pudiera expulsar inmigrantes reincidentes en delitos, una medida que el Gobierno central rechazó.
La pugna independentista también juega un papel clave. Mientras ERC busca consolidar una mayoría de izquierdas en Cataluña, Junts mantiene su estrategia de choque con el Estado. La formación de Puigdemont se distancia del bloque progresista y de la derecha española, apostando por una posición que le permita desgastar a Sánchez y reforzar su relato soberanista.
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