El Gobierno ha cedido 3.000 millones para que las empresas catalanas no sufran el impacto de las medidas establecidas por Trump
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Imagen: el ministro de Economía, Carlos Cuerpo I Europa Press
El Ejecutivo cerró este martes un acuerdo con Junts per Catalunya para introducir una disposición adicional en el decreto contra los aranceles estadounidenses, aprobado en Consejo de Ministros. Esta cláusula permitirá movilizar hasta 3.000 millones de euros en ayudas destinadas a empresas afectadas por los gravámenes impuestos por Washington, con especial atención a las compañías catalanas, tal como adelantó ABC.
Reparto condicionado al peso exportador: la victoria de Junts
La formación liderada por Carles Puigdemont logró que el criterio territorial fuera clave en el reparto de los fondos. Junts exigía que las ayudas se distribuyeran según el peso exportador de cada comunidad hacia EE. UU., alegando que Cataluña soportará un 25% del impacto arancelario, según sus cálculos. Esto se traduce, aseguran, en un perjuicio superior al de otros territorios, lo que justificaría una asignación proporcionalmente más elevada.
Economía defiende un enfoque “proporcional” sin cuotas fijas
Desde el Ministerio de Economía, fuentes oficiales han intentado rebajar la lectura territorial del acuerdo. Aseguran que el texto aprobado no establece cuotas regionales cerradas, sino que contempla una distribución basada en la concentración empresarial de cada zona. La ministra Nadia Calviño subrayó que las ayudas serán “a demanda” y que, en función del número real de compañías afectadas, el presupuesto podría ampliarse más allá de los 3.000 millones previstos inicialmente.
Los técnicos del ministerio estiman que el 80% de las exportaciones españolas a Estados Unidos se verán afectadas. De confirmarse que una cuarta parte de ellas provienen de Cataluña, esta comunidad podría recibir una proporción equivalente del fondo.
Críticas del PP: “El Gobierno rompe el diálogo y favorece a los separatistas”
La reacción del Partido Popular fue inmediata. Desde Génova acusan al Ejecutivo de haber “roto la interlocución” en plena negociación con la oposición para respaldar el decreto. El PP denuncia que el pacto socava la igualdad entre territorios y representa “una cesión al independentismo” en un asunto de interés nacional.
“No se puede hablar de acuerdos de Estado mientras se pacta en secreto con quienes quieren romperlo”, apuntó un dirigente popular. Para el PP, el gesto supone un “portazo” al entendimiento y un ejemplo de la “doble vara” del Ejecutivo.
Del intento de consenso a la ruptura
Hasta el lunes por la noche, el PP aún contemplaba respaldar el decreto. Una llamada del ministro de Economía al vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, pareció abrir una vía de entendimiento. El Ejecutivo se comprometió a introducir algunas de las propuestas planteadas por los populares, entre ellas una mayor transparencia en el reparto de fondos y la protección de sectores clave como el aceite, el vino y el textil.
Sin embargo, el decreto aprobado finalmente incorpora solo de forma tangencial las peticiones del PP, lo que llevó al partido a considerar insuficiente el gesto del Gobierno.
Plan industrial y bajada fiscal
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió que su formación solo respaldaría el decreto si incluía medidas adicionales como una rebaja fiscal para familias y empresas, un plan industrial específico y la presentación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado adaptados al nuevo escenario económico.
Mientras tanto, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, defendía públicamente su disposición al diálogo: “Nuestra propuesta es seria y constructiva, pero no vamos a ser cómplices de una desigualdad territorial”.
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