Los populares han decidido que no apoyarán ninguna de las medidas propuestas por el Gobierno, mientras que Puigdemont prefiere guardar silencio
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Imagen: portavoz de Junts, Miriam Nogueras
La política española afronta otro episodio de incertidumbre ante la próxima votación de tres reales decretos leyes en el Congreso. La mayoría parlamentaria del Gobierno de coalición pende de un hilo, especialmente tras la decisión de Carles Puigdemont de suspender temporalmente la comunicación con el PSOE, exigiendo una reunión clave en Suiza.
Decretos en juego
Entre las iniciativas a debatir, el decreto ómnibus, que incluye medidas sociales y económicas de amplio alcance, genera la mayor expectación. Entre sus propuestas destacan la revalorización del 2,8% de las pensiones para 2025, la continuidad de los descuentos en transporte público y la suspensión de desahucios para familias vulnerables. Además, se contempla un aumento de financiación para la Comunidad Valenciana tras la DANA.
El Gobierno también espera aprobar un decreto que mejora la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el empleo, respaldado por el PP, y otro que introduce un nuevo impuesto a las energéticas, aunque este último tiene pocas posibilidades de salir adelante.
Puigdemont y la dinámica de negociación
Junts, pieza clave en la mayoría parlamentaria, mantiene su estrategia de negociación hasta el último momento, buscando contrapartidas concretas. Entre las exigencias de Puigdemont están la gestión total de la inmigración en Cataluña y el reconocimiento del catalán en la Unión Europea.
Además, el independentista ha planteado la necesidad de una reunión con Pedro Sánchez como parte de su estrategia para reforzar su figura política. Sin embargo, en Moncloa no tienen claro cuál sería el momento oportuno para llevar a cabo este encuentro.
Por el momento, el Gobierno descarta cualquier posibilidad de que la cita se realice antes de la votación parlamentaria prevista para este miércoles. En Ferraz, incluso, se manejaba el pasado viernes un plazo aproximado de una semana para organizar el encuentro en Bruselas, que incluiría la participación de un mediador internacional.
Cesión al PNV y polémica
El decreto incluye, además, la transferencia al PNV de un histórico edificio en París, antigua sede del Gobierno vasco en el exilio, amparado por la Ley de Memoria Democrática. Este punto ha generado críticas desde el PP, aunque cuenta con el respaldo de Moncloa y el reconocimiento de informes oficiales que avalan la legitimidad de la propiedad.
Con las votaciones previstas para este miércoles, el Gobierno encara una jornada decisiva, sin certezas sobre el respaldo de Junts ni del PP, quienes mantienen su postura en reserva hasta el último momento.
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