El Gobierno de Sánchez cede a las presiones del independentismo para asegurar sus votos, mientras el partido de Puigdemont deja entrever su posición xenófoba con los menores extranjeros
The post Junts impone su veto a los menas ante un Gobierno debilitado first appeared on Hércules. La postura de Junts y ERC respecto a la acogida de menores extranjeros no acompañados (menas) ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Pedro Sánchez. Ambas formaciones han logrado que Cataluña quede excluida del reparto de estos menores, una decisión que ha generado fuertes críticas por su falta de solidaridad con el resto de comunidades autónomas. Esta concesión, motivada por la necesidad de los votos de los separatistas para aprobar la reforma de la Ley de Extranjería, evidencia una vez más la debilidad del Ejecutivo socialista, dispuesto a ceder ante cualquier exigencia con tal de mantenerse en el poder.
Una exigencia con tintes xenófobos
El partido de Carles Puigdemont ha presionado al Gobierno para que Cataluña no tenga la obligación de acoger menores inmigrantes, a pesar de que otras comunidades autónomas ya han asumido una parte del problema. Este planteamiento ha sido duramente criticado, ya que contradice el discurso progresista de Junts y ERC, que constantemente acusan a la derecha de falta de empatía con la inmigración.
Mientras el resto de España se esfuerza por aliviar la situación de Canarias, que acoge a más de 6.000 menores, Cataluña se ha desmarcado de cualquier compromiso solidario. Este veto a los menas no es solo una muestra de insolidaridad, sino que también evidencia una actitud discriminatoria por parte de un partido que, en otras circunstancias, no duda en utilizar la xenofobia como arma política contra sus adversarios.
El chantaje separatista
Junts ha condicionado su apoyo a la reforma de la Ley de Extranjería a que Cataluña quede exenta de la acogida obligatoria de menores inmigrantes. El Gobierno de Sánchez, atrapado entre su necesidad de aprobar la norma y su dependencia de los votos independentistas, ha terminado cediendo a este chantaje.
En un principio, el PSOE pactó con Junts la transferencia de competencias en materia de inmigración, a cambio de su respaldo en otras votaciones clave. Sin embargo, esta cesión se encontró con limitaciones legales, ya que el control de fronteras y la gestión de la inmigración son competencias exclusivas del Estado. Como alternativa, Junts ha exigido que la Ley de Extranjería incluya una disposición adicional que excluya a Cataluña del reparto de menores inmigrantes.
Si el PP no apoya la reforma, el Gobierno necesitará los votos de Junts para sacarla adelante. Pero los independentistas han dejado claro que, si no se cumplen sus exigencias, votarán en contra, lo que pondría en peligro la aprobación de la ley.
La exclusión de Cataluña del reparto de menas ha sido negociada en un contexto de urgencia, debido al colapso que enfrenta Canarias en la acogida de menores migrantes. En una reunión entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se estableció un plazo de diez días para cerrar un acuerdo. Sin embargo, las exigencias de Junts y ERC han terminado alterando el plan inicial, dejando a Cataluña fuera del proceso.
Este reparto voluntario de menores, que se lleva a cabo desde 2022, cuenta con una financiación de 20 millones de euros y se basa en una serie de parámetros para distribuir la carga entre comunidades: población, renta per cápita, tasa de paro, esfuerzo en atención a menores y dispersión territorial. A pesar de ello, Cataluña ha decidido marginarse del acuerdo, convirtiéndose en la única comunidad autónoma que se ha negado a participar.
La decisión de Sánchez de ceder ante las exigencias de Junts y ERC no solo ha generado indignación entre las demás comunidades autónomas, sino que también abre la puerta a futuras exigencias de los independentistas. Si el Gobierno permite que Cataluña eluda sus responsabilidades, ¿qué impedirá que en el futuro exijan nuevas excepciones en otros ámbitos?
El Gobierno central ha intentado compensar esta concesión ofreciendo al PP un pacto de Estado para aprobar el reparto de menas de manera obligatoria. Sin embargo, esta propuesta no ha tenido éxito hasta el momento, ya que los populares consideran que esta situación es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo de Sánchez, que ha privilegiado a sus socios separatistas por encima del interés general.
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