La prensa se opone al Gobierno por su intento de controlar las audiencias digitales a través de un medidor que favorecería a medios afines
The post La AMI teme que Moncloa imponga el EGM como medidor de consumo de medios cuando acabe el contrato con GfK first appeared on Hércules. La patronal de los medios de comunicación ha levantado la voz ante lo que considera un intento del Gobierno por controlar la medición de audiencias digitales en España. El temor radica en que el Ejecutivo imponga el sistema del Estudio General de Medios (EGM), un modelo basado en encuestas, como único referente oficial cuando expire a finales de año el contrato con GfK DAM, la empresa que actualmente audita las audiencias.
Preocupación en el sector: “quieren controlar los datos”
La Asociación de Medios de Información (AMI) ha iniciado un proceso de reflexión sobre el futuro de la medición en España. El contrato con GfK DAM, en vigor hasta diciembre de 2025, está próximo a expirar, y la industria busca una solución que garantice independencia y rigor metodológico.
Las alternativas sobre la mesa son tres: renovar el contrato actual con mejoras técnicas, buscar un nuevo proveedor externo o crear un sistema propio, gestionado conjuntamente por los principales actores del sector. La AMI ya ha contratado una firma de consultoría –posiblemente KPMG– para diseñar una nueva metodología validada por expertos externos.
Sin embargo, la preocupación no es solo técnica. En septiembre de 2024, el Gobierno aprobó el Plan de Acción por la Democracia, que contempla una reforma de la Ley de Publicidad Institucional, la creación de un registro oficial de medios y la imposición de criterios uniformes para medir audiencias. El sector teme que esos “criterios” estén orientados a beneficiar a medios afines a Moncloa en el reparto de fondos públicos.
El fantasma del EGM: encuestas bajo sospecha
Lo que más alarma a las grandes cabeceras es que el Gobierno se incline por el EGM como herramienta oficial. Este modelo, basado en encuestas telefónicas y presenciales, podría permitir –según denuncian fuentes de la patronal– modificar los resultados de audiencia a medida, alterando así el reparto de la publicidad institucional.
“El riesgo es que el Estado pague con dinero público a un medidor que favorezca a medios ideológicamente alineados con el Ejecutivo“, lamenta una fuente del sector. La sombra del clientelismo mediático se cierne sobre el nuevo sistema, justo cuando la competencia digital es más feroz que nunca y la sostenibilidad económica de los medios está en entredicho.
Las reuniones entre las principales asociaciones del sector –AMI, AIMC, AEA, RTVE y UTECA– se han intensificado. El objetivo común: garantizar que el futuro sistema sea transparente, independiente y consensuado.
La preocupación no es trivial. El medidor oficial condicionará no solo el acceso a la publicidad pública, sino también la credibilidad de los medios ante los anunciantes privados y la ciudadanía. En juego está la pluralidad informativa y el equilibrio económico de un sector que ya ha sufrido duros ajustes en los últimos años.
Una amenaza para la prensa libre
Para muchos editores, lo que se esconde tras este movimiento es una estrategia del Gobierno para intervenir en el ecosistema mediático, consolidando un modelo donde los medios críticos pierdan peso y financiación.
La AMI exige que cualquier decisión sea tomada con participación activa del sector y de los anunciantes. “No se trata solo de elegir un proveedor –advierten–, sino de defender la independencia de la prensa en un momento político especialmente delicado“.
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