La AF no acudirá a la reunión con el fiscal general para no ser “cómplice” de una norma que consideran un fraude y un ataque a la autonomía fiscal
The post La Asociación de Fiscales deja plantado a García Ortiz por la reforma que lo blinda first appeared on Hércules. La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en el Consejo Fiscal con seis de los doce vocales electos, ha decidido no asistir a la reunión convocada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para este martes 20 de mayo. El encuentro tenía como objetivo abordar el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de mayo. En una carta remitida al fiscal general, la AF denuncia que esa reforma busca reforzar el poder personal del fiscal general y “blanquear una norma profundamente lesiva para la independencia del Ministerio Público”.
En el contundente comunicado, al que ha tenido acceso El Debate, la Junta Directiva de la AF afirma que no participará “en ningún grupo de trabajo o negociación que solo puede calificarse como una mera pantomima”. La asociación rechaza formar parte de un proceso que considera viciado de origen y destinado a legitimar un abuso de poder desde la cúpula del Ministerio Fiscal.
“Un deterioro institucional insoportable”
Uno de los argumentos centrales del rechazo de la AF es la falta de legitimidad de García Ortiz, actualmente investigado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, para liderar una reforma de esta magnitud. “No podemos compartir espacios de diálogo con una Fiscalía General dirigida por una persona cuya permanencia está comprometida judicial y éticamente”, sostienen.
La AF denuncia que el anteproyecto, lejos de reforzar la autonomía de la institución, representa “un gravísimo retroceso” al concentrar en el fiscal general nuevas y amplias facultades: desde nombramientos hasta sanciones disciplinarias, pasando por la interpretación de incompatibilidades. Todo ello, además, se hace a costa del Consejo Fiscal, único órgano representativo de la carrera fiscal.
La asociación alerta de que el texto legal refleja una “voracidad de control” por parte del fiscal general. Una ambición que se evidencia también en la modificación del sistema electoral del Consejo Fiscal. Mientras que hasta ahora los fiscales podían votar a seis candidatos, con la nueva ley solo podrán elegir a cinco, lo que a juicio de la AF es un intento de diluir su peso representativo.
Además, denuncia la maniobra gubernamental para sustituir de facto al Consejo Fiscal por la Junta de Fiscales de Sala, órgano donde García Ortiz controla a 20 de los 38 integrantes. La AF califica este movimiento como un “fraude”, al convertir al Consejo en un mero convidado de piedra, incapaz de ejercer una fiscalización real sobre las decisiones del fiscal general.
Críticas al fondo y la forma del anteproyecto
En su misiva, la AF reprocha al Gobierno y al fiscal general que la reforma no solo carece de garantías y autonomía presupuestaria, sino que ignora las recomendaciones de la Comisión Europea y del GRECO para reforzar la independencia del Ministerio Fiscal. La asociación advierte que un fiscal general con cinco años de mandato sin controles internos es incompatible con los estándares europeos sobre Estado de Derecho.
También critican que no se haya avanzado en la formación de los fiscales, ni en mecanismos para resolver discrepancias frente a órdenes improcedentes. La reforma mantiene intacta la estructura jerárquica actual y deja la designación o remoción de fiscales a discreción del fiscal general, lo que para la AF “refuerza al jefe, pero debilita a la institución”.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también ha rechazado acudir a la reunión con García Ortiz. En un escrito remitido la semana pasada, APIF anticipaba que romperá relaciones institucionales con el fiscal general si este persiste en mantenerse en el cargo una vez procesado por el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos.
El conflicto entre el fiscal general y los sectores mayoritarios de la carrera fiscal estalla así en pleno debate político y judicial sobre el control gubernamental del Ministerio Público, y en un momento en que el Ejecutivo intenta atribuir a la Fiscalía el mando de las investigaciones penales, en detrimento de los jueces de instrucción. Para las asociaciones profesionales, esta reforma es “contradictoria, bolivariana y un ataque directo al Estado de Derecho”.
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