Las patronales buscan amparo en estos partidos para poder suavizar el impuesto decretado por Hacienda
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Imagen: EFE
Los bancos han redoblado su campaña contra el impuesto sectorial impulsado por el Gobierno, y depositan sus esperanzas en el proceso parlamentario para modificar los aspectos que consideran más perjudiciales de esta tasa. Las entidades financieras buscan emular el éxito de las eléctricas, que lograron bloquear un gravamen similar, y esta semana han intensificado sus contactos con grupos políticos clave, como Junts y el PNV, con la expectativa de que una alineación de estos partidos pueda inclinar la balanza hacia una versión más favorable de la ley.
Revisión de la tasa y nuevas enmiendas
El sector bancario ha intentado, sin éxito hasta ahora, impedir la prórroga del impuesto que se impuso en 2022 y que finaliza en diciembre. Recientemente, el PSOE pactó con el PNV y Junts una enmienda que extiende la vigencia del impuesto por tres años más, aplicándolo de forma progresiva según el tamaño de los ingresos de cada banco. Esta nueva propuesta fija tipos de entre el 1% y el 6%, excluyendo a entidades con ingresos menores a 100 millones de euros. Estas modificaciones, sin embargo, han generado gran descontento en el sector, con figuras como Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, calificándolo como la “tasa CaixaBank”, en alusión a la gran carga fiscal que recae sobre su entidad, la mayor del mercado español.
Contactos con el PNV y Junts
La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) han intensificado sus contactos con los grupos parlamentarios, justo cuando el debate en la Comisión de Hacienda se dispone a iniciar. Desde el PNV, sin embargo, aseguran que mantienen un pacto cerrado con el PSOE y, aunque examinarán posibles enmiendas, no planean presionar activamente para cambios adicionales.
A pesar de no lograr el objetivo de anular el impuesto, la banca ha obtenido algunas concesiones. Entre ellas, una deducción del 25% en el impuesto de sociedades para mitigar lo que consideran una doble imposición, así como una rebaja en el importe a pagar en situaciones de caída de rentabilidad, como durante una crisis financiera. Estas modificaciones son vistas como logros parciales, aunque no eliminan la presión del impuesto.
Propuestas para hacer permanente el gravamen
A pesar de la presión bancaria, el ala izquierda del Parlamento aboga por hacer permanente el impuesto. Consideran que los beneficios extraordinarios obtenidos por el sector durante la crisis inflacionaria y el aumento de tipos de interés justifican una contribución continuada. El Ministerio de Hacienda prevé recaudar una cifra similar a la de años anteriores, unos 1.695 millones de euros anuales provenientes de la banca y 1.164 millones de las energéticas, para contrarrestar estos beneficios extraordinarios.
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