El procurador general John Sauer solicita levantar la suspensión que protege a los venezolanos del centro Bluebonnet, acusados de integrar el Tren de Aragua
The post La Casa Blanca pide al Supremo reactivar las deportaciones con la Ley de Enemigos Extranjeros first appeared on Hércules. La Administración de Donald Trump presentó este sábado un escrito de quince páginas ante el Tribunal Supremo para que revoque la orden que bloquea las deportaciones de migrantes venezolanos amparadas en la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 concebida para tiempos de guerra. El procurador general, John Sauer, reprocha a los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) haber acudido directamente a la máxima instancia sin agotar la vía de tribunales inferiores, lo que argumenta deja sin determinar hechos esenciales sobre la notificación y el procedimiento seguido por el Gobierno.
El caso afecta de manera inmediata a decenas de venezolanos recluidos en el centro de detención de Bluebonnet, al norte de Texas. Todos ellos fueron señalados por agentes federales como miembros del Tren de Aragua, organización calificada de terrorista por la Casa Blanca. Con esa designación, el Ejecutivo considera habilitado el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar de forma expedita a los sospechosos, sin importar su estatus migratorio ni los protocolos ordinarios de asilo o deportación.
La intervención del Supremo y la réplica del Gobierno
El viernes, en respuesta a un litigio de emergencia impulsado por la ACLU, el Tribunal Supremo ordenó suspender las expulsiones “hasta nueva orden”, con la disidencia de los magistrados conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito. Al impugnar esa medida, la Administración pide al alto tribunal que aclare si la suspensión impide recurrir a otras bases legales las leyes migratorias vigentes para proceder a la deportación. De mantener la orden, insiste Sauer, el Supremo debería especificar el alcance de la prohibición para evitar conflictos con futuras actuaciones del Departamento de Seguridad Nacional.
La Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha invocado tres veces en más de dos siglos; la última, durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió para internar a ciudadanos estadounidenses de origen japonés. El uso contemporáneo que hace la Administración Trump reaviva el debate sobre la compatibilidad de la norma con las garantías constitucionales y los derechos de los migrantes. Para la ACLU, la Casa Blanca pretende “exportar” el encarcelamiento a El Salvador y realizar expulsiones en caliente sin supervisión judicial. El Gobierno, por su parte, defiende que la catalogación del Tren de Aragua como entidad terrorista obliga a actuar con “celeridad y firmeza” para proteger la seguridad nacional.
El Tribunal Supremo debe decidir ahora si levanta la suspensión o la mantiene mientras estudia el fondo del asunto. Entre tanto, los venezolanos de Bluebonnet permanecen en territorio estadounidense, después de que la ACLU denunciara que ya estaban siendo trasladados en autobús hacia el aeropuerto cuando llegó la orden de paralización. La resolución que adopte la Corte podría marcar un precedente sobre el alcance de poderes ejecutivos en materia migratoria cuando se invocan leyes de excepción redactadas hace más de doscientos años.
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