Se ha criticado la política migratoria estatal por provocar, según las declaraciones, un “efecto llamada”, y se ha advertido que, sin un enfoque estructural, el problema persistirá
The post La Comunidad Valenciana protesta ante la obligación de acoger a 500 menores migrantes “falta de infraestructura, personal y recursos económicos” first appeared on Hércules. La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha asegurado que la Comunidad Valenciana no puede asumir la acogida de 500 menores migrantes no acompañados, como plantea el Gobierno central. La dirigente autonómica ha calificado la propuesta como un “atraco” a las competencias de la comunidad y ha afirmado que los centros de protección infantil se encuentran ya saturados.
Durante una visita a un centro de acogida de menores en València, Camarero ha señalado que el reparto aprobado en la última Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en Madrid, se basa en criterios “políticos” y no objetivos. Según sus datos, los centros valencianos operan al 160% de su capacidad, con cerca de 480 menores acogidos, mientras que el sistema migratorio cuenta con 317 plazas, de las cuales 122 fueron habilitadas recientemente.
La consellera ha advertido de que asumir el reparto implicaría llevar los centros al 300% de su capacidad, lo que, a su juicio, generaría hacinamiento y pondría en riesgo la dignidad de los menores acogidos, además de poner en peligro la sostenibilidad del sistema de protección.
Camarero ha defendido que la Comunidad Valenciana ha mostrado una actitud solidaria y ha atendido a menores llegados tanto en pateras como desde otras regiones, o mediante cupos no financiados por el Estado. Ha cifrado en 78.800 euros anuales el coste por menor y ha denunciado que el Ejecutivo central únicamente ha destinado un millón de euros frente a los 23 millones que ha invertido la Generalitat en el proyecto migratorio. De aplicarse el nuevo reparto, el gasto autonómico podría incrementarse en 40 millones más, ha afirmado.
La consellera también ha informado de que la Generalitat mantiene en marcha un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, por considerar que invade competencias autonómicas en materia de protección de menores. El procedimiento se encuentra actualmente en el Consell Jurídic Consultiu a la espera de dictamen.
Camarero ha asegurado haber recibido comunicación por parte de entidades gestoras de centros de acogida que alertan sobre la falta de infraestructura, personal y recursos económicos para asumir un incremento de menores como el planteado. También ha denunciado la ausencia de información por parte del Gobierno sobre una posible financiación del reparto.
Finalmente, ha criticado la política migratoria estatal por provocar, según sus declaraciones, un “efecto llamada”, y ha advertido que, sin un enfoque estructural, el problema persistirá. Según ha expresado, la falta de medidas de emancipación para los jóvenes migrantes al cumplir los 18 años agrava aún más la situación.
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