El plan del Gobierno de perdonar un 22 % de la deuda catalana lanza una mala señal a los mercados y rompe la igualdad entre regiones
The post La condonación de la deuda catalana pone en jaque la economía española first appeared on Hércules. El Gobierno ha acordado con ERC la condonación del 22 % de la deuda viva de Cataluña con el Estado, dos puntos más de lo que pedían los independentistas. A cambio, los votos de Esquerra sostienen al presidente Pedro Sánchez en La Moncloa. La medida, disfrazada como un intento de reforma general, beneficia sobre todo a la comunidad más incumplidora, en perjuicio de las más responsables fiscalmente, como Madrid.
La operación no fue tratada de forma abierta en la reciente Conferencia de Presidentes, celebrada el 6 de junio en Barcelona, pero su sombra lo condicionó todo. Allí, Sánchez evitó cualquier debate sobre una reforma real del Sistema de Financiación Autonómica. En lugar de afrontar el problema estructural, promueve un sistema fiscal a la carta para Cataluña y un esquema de condonación que atenta contra los principios de equidad y legalidad.
Un mensaje devastador para los mercados y la solvencia del país
Perdonar parte de la deuda de una comunidad autónoma no es solo una decisión política; es, en palabras del economista José María Rotellar, “un disparate económico que desincentiva la buena gestión”. Supone reconocer que Cataluña no puede devolver su deuda y, por tanto, cuestiona la solvencia del conjunto del sistema institucional español.
La consecuencia inmediata es que los inversores internacionales recibirán una señal negativa: si el Estado asume las deudas de las regiones sin exigir responsabilidad, ¿quién garantiza que las cuentas autonómicas son fiables? Si además el Banco Central Europeo retira su respaldo con herramientas como la antifragmentación, el coste de financiar la deuda española podría dispararse.
El artículo 138.2 de la Constitución Española es claro: no puede haber privilegios económicos o sociales entre comunidades. Pero la condonación, pese a ser extendida en parte a otras autonomías para evitar recursos ante el Tribunal Constitucional, está claramente diseñada para satisfacer a los independentistas catalanes. Lo confirma el propio texto del acuerdo entre PSOE y ERC, que especifica que la condonación del 22 % de la deuda es exclusiva para Cataluña.
En la práctica, se premia al que más ha gastado, al que más ha incumplido y al que más impuestos ha subido, mientras que las comunidades que han ajustado sus cuentas, bajado la presión fiscal y mantenido la disciplina presupuestaria, como Madrid o Andalucía, quedan marginadas.
Un sistema fiscal propio: el siguiente paso hacia la ruptura
Junto a la condonación, el Ejecutivo de Sánchez valora conceder a Cataluña un sistema fiscal propio, similar al concierto vasco y navarro. Esta medida, de llevarse a cabo, desmontaría definitivamente la solidaridad interterritorial y abriría una peligrosa vía de fragmentación financiera.
Un sistema fiscal a medida para una comunidad que ya ha recibido trato privilegiado a través de la condonación supondría institucionalizar el chantaje político como forma de gobernar. No habría igualdad ante la ley ni equilibrio económico: cada comunidad pasaría a negociar directamente con el poder central en función de su capacidad de presión.
Más allá del debate político, las implicaciones económicas son de enorme calado. Si se institucionaliza que quien más presiona obtiene más recursos, la arquitectura financiera del Estado se tambalea. Las reglas dejan de ser generales y predecibles, y se convierten en arbitrarias.
La consecuencia es directa: aumenta la inseguridad jurídica, disminuye la confianza de los inversores y se erosiona la percepción de España como país serio y fiable. A largo plazo, eso significa menos inversión, menos crecimiento y más paro.
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