El modus operandi, consistía en valerse de su influencia sobre responsables políticos y técnicos municipales para obtener información
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Cristian Abel Corvillo Aguilar, en la comisión de investigación del Senado. Fuente: EL DÍA
La investigación judicial que sacude al municipio de La Línea de la Concepción ha destapado una compleja trama de corrupción institucional presuntamente liderada por los hermanos Corvillo, figuras centrales de un entramado que habría operado con total impunidad durante más de una década.
El informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, describe una organización estructurada, jerarquizada y perfectamente coordinada para manipular licitaciones públicas, amañar adjudicaciones, apropiarse de recursos municipales y desviar fondos mediante empresas pantalla y facturas falsas, según recopila el informe redactado por el abogado Guillermo Rocafort.
Los hermanos Manuel y Antonio Corvillo habrían tejido una red de intereses cruzados que involucraba a funcionarios públicos, empresarios y personal de confianza dentro del Ayuntamiento linense.
El modus operandi, según los documentos judiciales, consistía en valerse de su influencia sobre responsables políticos y técnicos municipales para obtener información privilegiada y controlar los procedimientos de contratación. Empresas bajo su control directo o indirecto resultaban adjudicatarias de obras y servicios mediante procedimientos opacos y, en ocasiones, simulados. En varios casos, se ha comprobado que los concursos públicos estaban diseñados a medida para favorecer a las firmas vinculadas a los Corvillo.
El informe detalla que muchas de estas sociedades carecían de infraestructura o empleados, y que su única función real era la de servir como vehículo para canalizar fondos públicos hacia los intereses de la trama.
La trama de los hidrocarburos estuvo gestionada por Ábalos
Para dar apariencia de legalidad a las operaciones, se recurría a facturas por servicios no prestados, certificaciones de obras inexistentes y la connivencia de funcionarios encargados de la supervisión y fiscalización de los contratos. Algunas de estas facturas eran abonadas mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados en los plenos municipales sin el debido control.
Los indicios recopilados en el sumario apuntan a una práctica sistemática y no puntual, con reiteración de patrones delictivos que muestran una clara intencionalidad de enriquecimiento ilícito y apropiación indebida de fondos públicos.
Fuente: Guillemo Rocafort
Además, el informe destaca que la red no solo actuaba en el ámbito municipal, sino que extendía sus tentáculos a contrataciones con empresas públicas, fundaciones y entes instrumentales, lo que demuestra un conocimiento profundo del entramado institucional y una voluntad expresa de eludir los mecanismos de control legal, según recopila el informe redactado por el abogado Guillermo Rocafort.
Un aspecto particularmente grave de esta trama es la utilización de la Fundación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) del Campo de Gibraltar como herramienta para justificar gastos y canalizar contratos sin fiscalización adecuada. La fundación, cuya finalidad oficial era la promoción de la educación superior, habría sido instrumentalizada para la contratación de empresas afines a los Corvillo sin los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público. En varios expedientes revisados por la UDEF se han encontrado sobrecostes injustificados y servicios inexistentes, así como transferencias bancarias a cuentas vinculadas directamente a los investigados.
Las cuentas analizadas por la UCO muestran desproporción entre los ingresos declarados y el nivel de vida de Corvillo
El informe también identifica una trama de favores personales, empleos ficticios y adjudicaciones cruzadas entre diferentes áreas del Ayuntamiento. El objetivo, según los investigadores, era afianzar el poder de los hermanos Corvillo y garantizar el silencio o la colaboración de terceros involucrados. Se documenta el caso de personas contratadas sin funciones reales, cuya única labor era facilitar el engranaje de la red, firmar documentos a requerimiento o actuar como testaferros en operaciones financieras, según recopila el informe redactado por el abogado Guillermo Rocafort.
La investigación se ve reforzada por escuchas telefónicas autorizadas judicialmente que revelan conversaciones entre los principales implicados, en las que se coordinan estrategias para influir en procedimientos administrativos, evitar controles internos y ocultar pruebas. Estos registros son especialmente reveladores, ya que muestran la familiaridad con la que los miembros de la red hablaban sobre procedimientos presuntamente ilícitos, evidenciando una percepción de impunidad que, durante años, les habría permitido actuar sin temor a represalias.
Otro elemento clave en el avance del caso ha sido el análisis patrimonial de los investigados. El estudio de sus cuentas bancarias, propiedades y movimientos financieros revela una desproporción evidente entre sus ingresos declarados y su nivel de vida.
En algunos casos, se han detectado operaciones de blanqueo de capitales mediante inversiones en inmuebles, vehículos de alta gama y movimientos de dinero a través de sociedades radicadas fuera del territorio nacional. La Fiscalía considera que estas maniobras apuntan a una voluntad clara de ocultar el origen ilícito de los fondos y dificultar el rastreo judicial.
Datos empresa inmobiliaria de Cristian Corvillo. Fuente: Guillermo Rocafort
Las consecuencias políticas del escándalo ya se han empezado a sentir en el municipio. La confianza ciudadana en las instituciones locales se ha visto severamente erosionada, y los partidos de la oposición exigen responsabilidades y una depuración a fondo de la estructura municipal. Mientras tanto, el juez instructor ha ordenado nuevas diligencias y no se descarta que haya más detenciones e imputaciones en las próximas semanas, a medida que avanza el análisis de los expedientes intervenidos en los registros.
Al menos diez miembros del PSOE salpicados por la trama de los hidrocarburos
Este caso pone de manifiesto la fragilidad de los sistemas de control interno en algunas administraciones locales y la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de transparencia y fiscalización. También plantea un debate profundo sobre la responsabilidad de quienes, amparados en su cargo público, traicionan la confianza depositada en ellos por la ciudadanía para beneficiarse ilícitamente. La presunta red corrupta liderada por los hermanos Corvillo no solo representa un atentado contra el erario, sino también una afrenta a los valores democráticos que deben regir la gestión de lo común.
La trama de los hidrocarburos liderada por el empresario Víctor de Aldama ha sacado a la luz la presunta participación de distintos miembros del PSOE, liderado por Pedro Sánchez, en dos casos de corrupción. La trama ya ha salpicado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, principal protagonista del PSOE en dicho caso. Así mismo, ha salpicado a la exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, debido a que fue la encargada de entregar la licencia para la operadora Villfuel SL.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó que su ministerio hubiera tenido algún contacto con de Aldama. A pesar de que el empresario consiguió negociar la deuda de al menos una de sus empresas tras varias conversaciones con el exjefe de gabinete de la Agencia Tributaria, Carlos Moreno. Hay que destacar que hasta la fecha no entra dentro de las competencias del Ministerio de Hacienda negocie las deudas que tienen las empresas privadas, para así fraccionar el pago de la misma.
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