El Supremo permite a petroleras impugnar regulaciones de emisiones de California y sus mandatos sobre vehículos eléctricos.
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Un fallo emitido este viernes por la Corte Suprema de EE. UU. ha reactivado una batalla legal contra las regulaciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y los mandatos de vehículos eléctricos (EV) establecidos por California, al reconocer que los productores de combustible tienen derecho a presentar su caso ante los tribunales federales.
Con esta decisión, el caso regresa a una corte de distrito, abriendo una nueva etapa en el prolongado conflicto sobre la autoridad regulatoria de California bajo la Ley de Aire Limpio y su influencia sobre el resto del país. Es otro de los casos polémicos a los que la Corte Suprema debe afrontar.
Las regulaciones bajo la lupa
La disputa se centra en los estándares Advanced Clean Cars I, vigentes hasta el modelo 2025, y en las normas de emisiones de GEI, que aún no tienen fecha límite definida. Estas políticas han sido adoptadas, en parte o en su totalidad, por 17 estados y el Distrito de Columbia, extendiendo su alcance más allá del estado de origen.
El plan sucesor, Advanced Clean Cars II, que prohibiría progresivamente la venta de vehículos nuevos a gasolina a partir de 2026, fue anulado recientemente cuando el Congreso, con apoyo del expresidente Donald Trump, revocó una exención otorgada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) durante la administración Biden. No obstante, el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó al estado continuar aplicando dicho estándar, a pesar de la posible contradicción con la ley federal, que suele prevalecer sobre la estatal.
Debate sobre el alcance legal de California
Históricamente, California ha contado con una exención especial bajo la Ley de Aire Limpio para promulgar normas más estrictas que las federales, debido a sus problemas únicos de calidad del aire. Sin embargo, el juez Brett Kavanaugh, quien escribió la opinión mayoritaria, señaló que esta prerrogativa estaba destinada a combatir la contaminación local y regional, no el cambio climático global.
Kavanaugh recordó que, en 2008, la EPA bajo George W. Bush negó por primera vez una solicitud de California para usar esa autoridad con fines climáticos, al considerar que la ley no contempla acciones estatales para problemas de escala planetaria.
El cambio de postura judicial
Los productores de combustible, liderados por American Fuel & Petrochemical Manufacturers (AFPM), argumentan que las normas reducen artificialmente la demanda de combustibles fósiles, sin responder a una necesidad ambiental específica del estado. En 2022, el Circuito de D.C. desestimó el caso por falta de legitimación, afirmando que los productores no estaban directamente afectados.
Sin embargo, la Corte Suprema ahora ha determinado que sí tienen legitimación legal para impugnar las regulaciones, un giro que podría cambiar el curso de las políticas climáticas estadounidenses.
El presidente de la AFPM, Chet Thompson, celebró el fallo: “El Congreso no otorgó a California autoridad especial para regular los gases de efecto invernadero o imponer vehículos eléctricos. Hoy, finalmente, podremos presentar nuestro caso en la corte.”
Duras críticas desde la disidencia
Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson emitieron opiniones disidentes. Sotomayor criticó a la Corte por excederse en su evaluación de legitimación, argumentando que debía limitarse al análisis de si las regulaciones vigentes afectaban efectivamente a los demandantes.
Por su parte, Jackson advirtió sobre el daño a la credibilidad del poder judicial, al otorgar legitimación selectiva a intereses corporativos pero no a ciudadanos en casos similares: “Si la Corte privilegia ciertos intereses sobre otros, puede dañar la fe pública en una justicia imparcial”, escribió. “Sus decisiones podrían convertirse en meros simulacros de justicia”.
Lo que viene
El fallo no resuelve el fondo del conflicto, pero establece que los tribunales deberán evaluar si las regulaciones de California violan la ley federal, al aplicar estándares que exceden la autoridad otorgada por el Congreso. Esto pone en entredicho la capacidad de los estados para liderar políticas climáticas si estas interfieren con los intereses comerciales o con la interpretación federal del marco legal.
El futuro inmediato dependerá de lo que dictamine el tribunal de distrito. Pero más allá del resultado legal, la decisión ya ha encendido una señal de alerta para todos los estados que, como California, han buscado regular el cambio climático mediante políticas más agresivas que las federales.
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