Pilar Bernabé reconoce que fue la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, quien le alertó sobre el desbordamiento del Poyo, y no la CHJ, en la gestión de la emergencia.
The post La delegada del Gobierno admite que se enteró del desbordamiento del Poyo por una alcaldesa y no por la CHJ en la gestión de la dana first appeared on Hércules. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, compareció este lunes ante la jueza de Catarroja, en Valencia, para explicar su papel en la gestión de la dana del 29 de octubre, que causó una devastadora riada en la Comunidad Valenciana. Durante su testimonio, Bernabé admitió que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no alertó sobre el desbordamiento del barranco del Poyo, un hecho que sorprendió incluso a los miembros del Comité de Emergencias CECOPI, entre los que ella misma se encontraba. Fue la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, quien le dio la noticia del desbordamiento a las 19:05 horas, después de que el CECOPI se reuniera sin tratar este asunto crucial.
El papel de la Generalitat y la desconexión de la información
En su declaración, Bernabé aclaró que la Generalitat tenía la competencia en protección civil y, por lo tanto, la responsabilidad sobre la dirección de la emergencia. Sin embargo, la delegada del Gobierno indicó que el CECOPI comenzó la reunión abordando otros problemas, como la posible rotura de la presa de Forata, pero no el desbordamiento del Poyo, una situación que se convirtió en un foco crítico de las inundaciones. A pesar de que la CHJ detectó el aumento del caudal en el Poyo a las 18:43 horas, la información no fue trasladada al CECOPI hasta mucho después, lo que según la delegada constituye un “apagón informativo” por parte del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
Bernabé también destacó que, en un primer momento, la Generalitat se equivocó al enviar un correo solicitando la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME), un error que fue corregido a las 15:41 horas. Sin embargo, este retraso generó incertidumbre en la coordinación de los esfuerzos de emergencia, que terminaron siendo clave en la tragedia.
El testimonio de Pilar Bernabé arrojó luz sobre la desorganización y la falta de comunicación entre las instituciones implicadas. A pesar de que la delegada insistió en que la Generalitat debía ser la encargada de gestionar la emergencia, su declaración dejó claro que la coordinación fue deficiente. En un momento crítico como el de la dana, las alertas y la información eran esenciales para salvar vidas, pero la falta de claridad y la desconexión de los canales de comunicación contribuyeron a la magnitud de la tragedia.
Además, Bernabé reveló que fue solo a las 19:40 horas cuando la Generalitat cortó por segunda vez la conexión del CECOPI para redactar el mensaje de ES-Alert, lo que sucedió cuando ya era demasiado tarde para alertar de manera efectiva a la población sobre los riesgos inminentes. La delegada del Gobierno también mencionó que, a pesar de la gravedad de la situación, no fue hasta la mañana del 30 de octubre cuando se confirmó la primera cifra de víctimas: 11 fallecidos.
El análisis de la responsabilidad y los posibles culpables
Mientras tanto, la Generalitat ha acusado a la delegada del Gobierno de ser responsable de las omisiones y los retrasos en la gestión de la emergencia, especialmente en lo que respecta a las alertas emitidas por las agencias estatales como la Aemet y la CHJ. Sin embargo, la fiscalía y la jueza encargada del caso han coincidido en señalar que, debido a la competencia autonómica en protección civil, las decisiones clave fueron responsabilidad del gobierno regional, por lo que la imputación de Bernabé no tiene base legal. La jueza Nuria Ruiz Tobarra rechazó una querella contra la delegada, argumentando que el mando único en emergencias era de la Generalitat.
El caso de la dana de octubre está lejos de cerrarse, ya que la asociación Liberum ha avanzado que solicitará la imputación de Pilar Bernabé, y otros actores políticos y judiciales también podrían exigir responsabilidades. La comunidad valenciana sigue lidiando con las secuelas de esta tragedia, y las preguntas sobre la gestión y la responsabilidad en la crisis aún están sobre la mesa.
El siguiente en declarar como testigo es el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, quien estuvo presente en la reunión del CECOPI y fue uno de los que urgió a enviar el mensaje de alerta. Este testimonio será crucial para determinar si realmente existieron fallos sistemáticos en la coordinación de las instituciones y cuál fue la causa de los retrasos fatales en la respuesta a la emergencia.
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