La expareja del exministro reconoció en el Supremo que cobraba sin ir a trabajar, pero no fue expedientada por la empresa pública Tragsatec
The post La doble vara de medir en Tragsa: sanciona a cientos de empleados por absentismo, pero no a la amiga de Ábalos first appeared on Hércules. Más de 240 sancionados por absentismo laboral en la última década, pero ningún expediente a Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, que admitió ante el Tribunal Supremo haber cobrado sin ir a trabajar durante seis meses. Tragsa, empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, y su filial Tragsatec, son responsables de aplicar sanciones por incomparecencias laborales. Sin embargo, la amiga del exministro escapó de toda reprimenda pese a su propia confesión judicial.
Según una respuesta oficial del Portal de Transparencia consultada por THE OBJECTIVE, Tragsa incoó 242 expedientes por absentismo y 98 por impuntualidad reiterada entre 2015 y 2024. Sin embargo, a pesar de que Rodríguez reconoció no haber acudido a su puesto de trabajo, no figura entre los trabajadores sancionados. Esta omisión ha desatado críticas sobre un posible trato de favor dentro del entramado público.
Una contratación cuestionada
Rodríguez trabajó en Tragsatec entre marzo y septiembre de 2021 como auxiliar administrativa adscrita a la presidencia de ADIF. El proceso de selección que la llevó al cargo está repleto de irregularidades. La empresa convocó plazas en diciembre de 2020, a las que se presentaron 929 aspirantes, de los cuales solo siete superaron una entrevista subjetiva, incluida Rodríguez.
La oferta que la seleccionó estuvo publicada apenas siete horas el 1 de febrero de 2021, un periodo mucho más breve que lo habitual. Solo nueve personas cumplían los requisitos para participar y, finalmente, Rodríguez fue una de las dos elegidas. Obtuvo la segunda mejor puntuación, aunque 26 aspirantes con el perfil exigido fueron descartados sin constancia de entrevistas, lo que alimenta las sospechas de un proceso dirigido a favorecerla.
El correo electrónico de noviembre de 2020 incluido en el sumario apunta a que su incorporación a Tragsatec ya estaba planificada. En ese mensaje, el entonces director de gestión administrativa de ADIF, Ignacio Zaldívar, proponía a Rodríguez continuar su situación laboral tras finalizar su contrato en Ineco. Una maniobra que refuerza la idea de una colocación pactada con antelación.
Además, los investigadores del Supremo sostienen que Joseba García, hermano de Koldo García, firmaba los partes de asistencia de Rodríguez. Aunque lo ha negado en sede judicial, la sospecha de complicidad interna se mantiene.
Sanciones para todos, menos para ella
El caso contrasta con las cifras generales de Tragsa. La empresa asegura que ya no hay expedientes pendientes por absentismo o impuntualidad, pero durante los últimos diez años ha abierto 340 procedimientos disciplinarios por estos motivos. A esto se suma la situación de Ineco, otra pública donde trabajó Rodríguez. Este organismo expedientó a 12 empleados por ausencias injustificadas tras la marcha de Rodríguez, pero se niega a ofrecer información sobre su paso por la empresa, escudándose en la ley de protección de datos laborales.
El presidente de Tragsa, Juan Pablo González Mata, aseguró en el Senado que todos los procesos cumplen con los principios de “publicidad, mérito y capacidad”, también en el caso de Rodríguez. No obstante, las irregularidades en las convocatorias y el reconocimiento de la propia beneficiada chocan de frente con esa declaración oficial.
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