Los trabajadores colocados por los socialistas recibían retribuciones económicas ajenas e incompatibles con los salarios estipulados
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Imagen: el exdirector de la Faffe, Fernando Villén I Europa Press
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) realizó al menos 84 contrataciones irregulares, priorizando vínculos personales y políticos sobre los principios de igualdad, mérito y capacidad. Entre los beneficiarios se encuentran familiares de miembros del PSOE, ex altos cargos de la Junta, sindicalistas y empresarios. Destaca el caso de Carmen Ibanco, esposa del portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, quien obtuvo el puesto y un posterior ascenso sin proceso de selección formal.
Fondos públicos para fines personales
Según ha informado el diario ABC, uno de los empleados contratados por la FAFFE cobraba un salario público mientras en realidad se dedicaba a asesorar y llevar la agenda del entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández García, quien presidía el patronato de la fundación entre 2004 y 2010. Se trata de Blanco Ruiz, fichado formalmente para prestar apoyo técnico a la secretaría general técnica de la Consejería de Empleo. Sin embargo, la UCO considera que los fondos se destinaron a un uso diferente al estipulado en su contrato. En concreto, se habrían desviado 91.252,01 euros del erario público para pagarle su sueldo durante el tiempo en que ejerció de asesor político, en vez de cumplir con sus supuestas funciones técnicas.
Complementos irregulares y sobresueldos encubiertos
El informe de la Guardia Civil también señala que, para sortear los límites internos de la fundación, se utilizaban denominaciones alternativas para justificar los sobresueldos. ABC detalla el caso de Antonio Expósito, quien recibió un suplemento mensual de 192,88 euros bajo el concepto de “Licenciatura”, pese a que dicho complemento no estaba contemplado en el convenio laboral. Entre 2004 y 2009, habría percibido de manera supuestamente indebida un total de 14.027,90 euros. Otra beneficiaria, Milagros Navajas, cobró un plus mensual de 247,98 euros. En todos estos casos, los fondos públicos fueron utilizados para pagos extra ajenos al marco legal.
Causas judiciales y presión política
En este contexto, el juez José Ignacio Vilaplana ha citado a declarar a 21 investigados, entre ellos exdirectores de la FAFFE, por presuntos delitos de malversación y prevaricación administrativa. Entre los imputados figura Fernando Villén, exdirector de la fundación, condenado por gastar fondos en prostíbulos y por prácticas de contratación ilegales. Paralelamente, el PSOE ha abierto un expediente informativo contra la militante Leire Díez por su implicación en un intento de desacreditar a la UCO a través de la búsqueda de información comprometedora contra agentes y mandos policiales.
Con más de 1.200 empleados en su momento de mayor actividad, la FAFFE se ha convertido en un emblema de la mala gestión y la corrupción en la administración andaluza. Las revelaciones de la Guardia Civil y el avance de los procesos judiciales ponen en entredicho la transparencia institucional y la utilización de estructuras públicas para fines partidistas. Se espera que nuevas diligencias saquen a la luz más nombres implicados y prácticas irregulares aún por esclarecer.
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