Pide al TJUE que se declare incompetente y desprecia las dudas sobre la legalidad europea de la medida
The post La Fiscalía intenta blindar la amnistía del ‘procés’ ante Europa first appeared on Hércules. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, bajo las órdenes del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se aparte del análisis sobre la legalidad de la amnistía a los líderes independentistas del ‘procés’. El organismo, que antes exigía responsabilidades por la malversación de fondos públicos, sostiene ahora que la Justicia europea carece de competencia para pronunciarse.
El documento, de 41 páginas y al que ha accedido El Mundo, desacredita la iniciativa de la consejera del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez, que había elevado una cuestión prejudicial al TJUE para esclarecer si la ley de amnistía vulnera el derecho europeo. La Fiscalía afirma que la normativa se está resolviendo conforme al marco jurídico español, por lo que no requiere intervención externa.
El precedente rumano y el cambio de criterio
En su argumentación, el fiscal invoca un polémico precedente en Rumanía, donde una amnistía a delitos de corrupción no fue considerada por el TJUE como perjudicial para los intereses financieros de la Unión. Según el escrito, “no todo acto de corrupción comporta un perjuicio para los intereses financieros de la Unión”.
Este cambio de postura contrasta con la posición que mantenía Manuel Martín-Granizo, firmante del informe y anterior fiscal del Tribunal de Cuentas, quien antes de la entrada en vigor de la ley exigía la devolución de 3,4 millones de euros malversados. La jerarquía del Ministerio Fiscal, sin embargo, deja claro que la línea adoptada refleja la voluntad de García Ortiz, alineada con los intereses del Gobierno.
Mientras la Fiscalía defiende la compatibilidad de la amnistía con la normativa europea, la Comisión Europea, en un escrito reciente, ha advertido al TJUE de que la medida “parece una autoamnistía” y ha señalado que, en caso de que hubiera fondos europeos implicados, podría contradecir el derecho de la Unión.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno español por evitar un pronunciamiento de Luxemburgo, el TJUE ha fijado una vista para el 15 de julio, lo que indica que sigue considerando pertinente intervenir.
Pumpido y el Constitucional cierran filas
Desde el Tribunal Constitucional, el presidente Cándido Conde-Pumpido también ha rechazado frenar la tramitación de la amnistía a la espera del TJUE. Esta decisión ha generado tensiones internas, y tres magistrados han acusado a Pumpido de esquivar deliberadamente a Europa, advirtiendo que la ley cuestiona “los cimientos constitucionales de nuestro país y de Europa”.
La Fiscalía también resta importancia a las dudas expresadas por la consejera Hernáez, que criticó el carácter automático de la amnistía y la falta de voluntad de la propia Generalitat de Cataluña de recuperar los fondos. Para el fiscal, la aplicación de la amnistía no es automática y los jueces aún conservan margen para valorar si los hechos encajan o no en la ley.
Incluso reconoce implícitamente un error técnico en la ley: permite el archivo de causas por malversación sin oír a las acusaciones particulares, como la Sociedad Civil Catalana, que ahora queda como única parte acusadora tras el repliegue del Ministerio Público. Pero, según la Fiscalía, este defecto puede resolverse en el ámbito nacional sin que intervenga la justicia europea.
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