Incluye a exdirectivos de TV3 y Exteriores y reclama perdonar también el delito de malversación, en contra del criterio del Supremo
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Decenas de personas durante la concentración para recibir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el paseo Lluís Companys, el 8 de agosto de 2024. // David Zorrakino – Europa Press
La Fiscalía de Barcelona ha solicitado a la Audiencia Provincial que se aplique la ley de amnistía a los cerca de 40 ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont y empresarios que fueron procesados por su implicación en la organización y financiación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Entre ellos figuran nombres destacados como los exdirectores de la CCMA, TV3 y Catalunya Ràdio, además de antiguos responsables de relaciones exteriores del Govern.
En su escrito, el Ministerio Público argumenta que los delitos cometidos por los encausados —malversación, prevaricación, falsedad documental y desobediencia— se ajustan a los supuestos previstos en la ley de amnistía recientemente aprobada, a pesar de las discrepancias expresadas por el Tribunal Supremo en casos similares.
Choque con el criterio del Supremo
La posición de la Fiscalía supone un giro relevante en el tratamiento penal del ‘procés’. En su argumentación, el fiscal advierte que excluir el delito de malversación de la amnistía —como hizo el Tribunal Supremo en resoluciones anteriores— dejaría “vacío de contenido” lo que establece expresamente la ley. Así, reclama perdonar incluso el uso de fondos públicos en la preparación del referéndum, siempre que estuvieran vinculados directamente a su logística y ejecución.
Este enfoque choca frontalmente con lo defendido por el Supremo, que en julio de 2024 decidió no amnistiar ese delito en el caso de los líderes condenados del procés, como Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva, este último también implicado en la nueva causa por los gastos exteriores del Govern.
Los responsables del 1-O
Entre los implicados se encuentran exresponsables de la administración pública catalana que jugaron un papel clave en la preparación del 1-O: desde medios públicos como TV3 y Catalunya Ràdio hasta las delegaciones exteriores de la Generalitat. Destacan figuras como Núria Llorach, Vicenç Sanchis, Saül Gordillo y Amadeu Altafaj, además de la exinterventora Rosa Vidal, todos ellos procesados por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
El juzgado número 18 sumó más nombres a la causa al investigar los gastos exteriores del procés, centrando su atención en el papel del consorcio Diplocat, organismo encargado de la proyección internacional de Cataluña. Fue allí donde se implicó a Raül Romeva, condenado en 2019 a 12 años de prisión por sedición y malversación, aunque indultado parcialmente en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez.
No obstante, la Fiscalía establece límites a su petición de amnistía. Ha solicitado que no se aplique el olvido penal a dos contratos concretos, al considerar que no están directamente relacionados con el procés. Se trata del servicio de limpieza y una auditoría externa encargados por Diplocat, por los que pide continuar el procedimiento judicial contra Roser Clavell y Albert Royo, ex secretarios generales del consorcio, aunque solo por esos dos gastos.
Ahora, la decisión está en manos de la Audiencia de Barcelona, que deberá pronunciarse sobre la aplicación de la ley de amnistía. Podría aceptar la petición de la Fiscalía, rechazarla —siguiendo el criterio del Supremo— o elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o incluso remitir el caso a instancias europeas.
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