Anticorrupción considera que Isabel Pardo de Vera pudo cometer malversación y tráfico de influencias por la contratación de Jéssica Rodríguez
The post La Fiscalía pide imputar a la expresidenta de Adif por el fichaje de la ex de Ábalos first appeared on Hércules. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional la imputación de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, por su presunta participación en la contratación irregular de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. El Ministerio Público respalda así la petición de varias acusaciones populares en el marco del conocido como ‘caso PSOE’, que investiga una presunta red de corrupción ligada a antiguos cargos del Gobierno.
Pardo de Vera está señalada por posibles delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, al haber facilitado, presuntamente, el fichaje de Rodríguez en dos empresas públicas, Tragsatec e Ineco, sin que esta realizase actividad laboral alguna durante su contratación.
Una contratación “caprichosa” impulsada por Ábalos
El dictamen de la Fiscalía, entregado este lunes al juez Ismael Moreno, encargado de la investigación en la Audiencia Nacional, parte de las actuaciones previas del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien ya advirtió de la existencia de “indicios bastantes” de delito en la actuación de Pardo de Vera.
Según fuentes fiscales consultadas por El Debate, la contratación de Rodríguez fue una decisión “libérrima” de Ábalos, apoyada por su entonces asesor Koldo García, y habría contado con la “relevante participación” de Pardo de Vera en las gestiones para facilitar su entrada en las empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes.
Pese a los informes de Tragsatec e Ineco que certifican que Rodríguez trabajó para ambas compañías, la investigación judicial apunta a que no se desplegó actividad laboral alguna, lo que refuerza la sospecha de que se trató de una contratación ficticia con fines personales o políticos.
Uno de los elementos clave que han motivado el posicionamiento de la Fiscalía ha sido el análisis de las comunicaciones entre Pardo de Vera y Koldo García, obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Estos intercambios fueron calificados por el juez Puente como “particularmente reveladores” de la implicación de la ex presidenta de Adif en la contratación investigada.
Estas conversaciones indicarían una coordinación directa entre ambos para colocar a Rodríguez en los organismos públicos sin pasar por procedimientos regulares. La documentación en manos de la UCO y las contradicciones entre los informes de las empresas y la realidad laboral de Rodríguez refuerzan la hipótesis de una trama clientelar orquestada desde el propio ministerio.
Una pieza más del ‘caso PSOE’
La posible imputación de Isabel Pardo de Vera se suma a las causas abiertas contra otros actores clave del llamado ‘caso PSOE’, como el propio José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. El caso ha puesto en el punto de mira la gestión de varias empresas públicas y el uso de recursos del Estado para fines personales o partidistas.
Ahora será el juez Ismael Moreno quien decida si da curso a la petición de la Fiscalía y llama a declarar como investigada a Pardo de Vera, que hasta ahora no había sido formalmente imputada en la causa. La expresidenta de Adif fue nombrada para el cargo durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, y su ascenso fue interpretado entonces como una muestra de confianza del exministro.
La causa tiene derivadas políticas de gran calado. La confirmación de que se usaron empresas públicas para colocar a personas del entorno íntimo de un ministro podría tener consecuencias legales y reputacionales para el PSOE, especialmente en un momento de alta tensión política en el Congreso y con varias investigaciones abiertas contra antiguos altos cargos del Ejecutivo.
Si el juez acepta la petición de la Fiscalía, Pardo de Vera se convertirá en la primera ex secretaria de Estado del actual ciclo político en ser imputada por corrupción relacionada con las contrataciones públicas.
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