En lugar de centrarse en dotar a la universidad pública de los recursos necesarios para competir, el Gobierno prefiere atacar a estos centros privados
The post La izquierda intensifica su ataque contra las universidades privadas por su crecimiento imparable first appeared on Hércules. La batalla ideológica sobre la educación universitaria en España se recrudece. La izquierda, encabezada por el Gobierno central y sus sindicatos afines, ha intensificado su ofensiva contra las universidades privadas, a las que acusa de proliferar descontroladamente mientras la educación pública pierde terreno. Este ataque no es casualidad: las cifras demuestran que las universidades privadas han crecido un 368% desde 1999, mientras que las públicas han sufrido un desplome del 18% en su alumnado en las últimas dos décadas.
Las cifras del “problema” que denuncia la izquierda
En el curso 2023/24, España contaba con 91 universidades, 50 públicas y 41 privadas, y las cifras son reveladoras: desde 1998 no se ha construido una sola universidad pública nueva, mientras que las privadas han crecido un 65,88% en el mismo periodo. Además, el modelo de enseñanza a distancia está dominado por las privadas, con seis universidades privadas y solo una pública ofreciendo esta modalidad. Este panorama deja claro que la oferta educativa está cambiando, pero no por imposición, sino por una demanda que la universidad pública no está sabiendo cubrir.
Uno de los ataques más feroces ha venido de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha calificado a la universidad privada como la “principal amenaza” para la clase trabajadora. Según Montero, en la educación superior privada “los títulos se compran”, en un intento de desacreditar su crecimiento. Sin embargo, resulta curioso que miembros destacados del PSOE, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hayan formado en centros privados como el Real Colegio Universitario María Cristina y la Universidad Camilo José Cela.
También Yolanda Díaz y Sumar buscan frenar el crecimiento de las universidades privadas en España mediante una moratoria en su creación y una fiscalización más estricta. Su plan propone aumentar la financiación de las universidades públicas al 2% del PIB antes de 2026 y realizar inspecciones a las privadas para garantizar su cumplimiento con los requisitos legales, llegando incluso a cerrar las que no los cumplan. Además, plantean suprimir toda financiación pública a estos centros y que la oferta de plazas en universidades públicas sea planificada por el Estado, sin depender de la demanda del mercado.
Este plan, lejos de solucionar los problemas de acceso y calidad en la educación superior, podría generar una sobredemanda en las universidades públicas y restringir la libertad de elección de los estudiantes, mientras ignora la necesidad de mejorar la competitividad y financiación del sistema universitario público.
Falta de inversión en la universidad pública
En lugar de atacar a la universidad privada, el Gobierno debería preguntarse por qué los estudiantes eligen cada vez más esta opción. La realidad es que el gasto público en educación superior es insuficiente: en 2021, España destinó solo el 2,19% del PIB, por debajo del promedio de la OCDE (2,72%) y de la UE (2,44%). Como resultado, las plazas en universidades públicas son escasas, lo que obliga a los estudiantes a buscar alternativas privadas. Además, el coste por estudiante de universidad pública es de 1.344 euros al mes, y las becas son insuficientes para cubrir esta cantidad.
El modelo de financiación de las universidades públicas sigue anclado en el pasado. Estas dependen en un 65% de transferencias de los gobiernos autonómicos, mientras que las privadas se financian principalmente con aportaciones de los estudiantes. El resultado es evidente: las universidades privadas han sabido adaptarse a la demanda del mercado, mientras que las públicas siguen perdiendo competitividad. En Madrid y Cataluña, las comunidades con menor inversión pública en educación superior, las universidades privadas han experimentado un auge sin precedentes.
Ante esta situación, la estrategia del Gobierno no es mejorar la universidad pública, sino poner trabas a la universidad privada. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant, ha anunciado que endurecerá la normativa para la creación de nuevos centros. Sin embargo, esta medida llega tarde: en los últimos cuatro años se han aprobado nueve universidades privadas, algunas incluso con informes desfavorables del propio Ministerio.
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