La convocatoria del paro, aunque limitada en alcance y duración, es una advertencia: el malestar va en aumento y, si el Gobierno no rectifica, las protestas podrían escalar
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Las principales asociaciones de jueces y fiscales han acordado realizar una parada de diez minutos el próximo 11 de junio como primera muestra de rechazo a las reformas legales impulsadas por el Ministerio de la Presidencia. Esta acción puntual se concibe como un medidor del respaldo que podría tener una eventual huelga, motivada por lo que consideran una amenaza a la independencia judicial y un intento de control político.
El conflicto gira en torno a un proyecto legislativo recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, que introduce modificaciones profundas en el acceso y desarrollo profesional de jueces y fiscales. El ministro Félix Bolaños ha defendido la reforma como un esfuerzo por ampliar oportunidades y mejorar el sistema, pero los colectivos profesionales ven en ella un riesgo evidente: la erosión del mérito como criterio principal de selección y el avance de la politización.
Entre los puntos más cuestionados está la supuesta vía para incorporar en el sistema a sustitutos judiciales y fiscales, una medida que —según sus críticos— abre la puerta a designaciones sin las garantías necesarias. Cinco asociaciones profesionales han emitido un comunicado conjunto en el que rechazan el modelo propuesto y reclaman su retirada inmediata, así como la paralización de los cambios previstos en el estatuto del Ministerio Fiscal.
Estas organizaciones, que han optado por mantenerse al margen de asociaciones de perfil progresista que no se han sumado a la protesta, han intensificado su coordinación y planean reunirse con representantes parlamentarios para frenar el proyecto durante su tramitación. A su juicio, las medidas propuestas ni resuelven los verdaderos problemas del sistema judicial ni cuentan con el respaldo necesario de la profesión.
Más allá del plano nacional, los firmantes del comunicado prevén trasladar sus preocupaciones a organismos europeos como el GRECO o la Comisión de Venecia. Temen que las reformas puedan debilitar los principios de separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal, sobre todo ante el creciente protagonismo que se pretende otorgar al fiscal general sin mecanismos adecuados de control interno.
La posible asunción de la instrucción penal por parte de los fiscales, sin suficientes garantías de independencia, es otro de los puntos sensibles. Para los colectivos profesionales, la reforma propuesta pierde una oportunidad crucial de establecer un modelo que proteja a los fiscales de presiones externas.
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