El último informe de Human Rights Watch señala un aumento de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra perpetrados por la Junta Militar de Myanmar
The post La junta militar de Myanmar recrudece las crueldad de sus acciones y los crímenes de guerra first appeared on Hércules. Jefe de la junta militar de Myanmar, el general Min Aung Hlaing/Reuters
La junta militar de Myanmar intensificó sus tácticas de «tierra quemada» contra las zonas de oposición en medio de una creciente resistencia armada y pérdidas territoriales durante 2024, señaló Human Rights Watch en su Informe Mundial 2025. Las fuerzas armadas cometieron ataques ilegítimos contra civiles e infraestructuras civiles, incluidos ataques aéreos indiscriminados, homicidios, violaciones, torturas e incendios provocados que constituían crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Para el informe mundial de 546 páginas, en su 35ª edición, Human Rights Watch revisó las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En gran parte del mundo, escribe la directora ejecutiva Tirana Hassan en su ensayo introductorio, los gobiernos reprimieron y arrestaron y encarcelaron injustamente a opositores políticos, activistas y periodistas. Los grupos armados y las fuerzas gubernamentales mataron ilegítimamente a civiles, expulsaron a muchos de sus hogares y bloquearon el acceso a la ayuda humanitaria. En muchas de las más de 70 elecciones nacionales de 2024, los líderes autoritarios ganaron terreno con su retórica y sus políticas discriminatorias.
«El ejército de Myanmar ha cometido cada vez más crímenes graves contra civiles e infraestructura civil en respuesta a la mayor resistencia de los grupos armados contrarios a la junta y los ejércitos de minorías étnicas», dijo Bryony Lau, subdirectora para Asia de Human Rights Watch. «El sufrimiento de los aldeanos se ha agravado aún más por la determinación de la junta de impedir que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan».
Armas prohibidas, bombas de racimo y tácticas de tierra quemada
El ejército de Myanmar ha llevado a cabo cada vez más ataques aéreos y de artillería con armas explosivas en zonas pobladas, lo que aumenta el riesgo de que se produzcan ataques indiscriminados. Myanmar es uno de los cuatro únicos países que utilizan municiones de racimo y minas terrestres prohibidas.
La junta ha endurecido aún más las restricciones a la ayuda humanitaria y los servicios de telecomunicaciones como método de castigo colectivo. Los bloqueos de la ayuda y el colapso económico han dejado a millones de personas en riesgo de hambruna y a la mitad de la población en la pobreza. Más de tres millones de personas han sido desplazadas internamente.
Tras la promulgación de una ley de reclutamiento en febrero, las autoridades militares reclutaron por la fuerza a jóvenes adultos y niños mediante secuestros y detenciones de familiares. Los conscriptos han sido utilizados como escudos humanos y porteadores en el frente. Las fuerzas de la junta y el Ejército de Arakán han cometido asesinatos masivos, incendios provocados y reclutamiento ilegal contra civiles rohingyas en el estado de Rakhine.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería aprobar una resolución que instituya un embargo global de armas a Myanmar, imponga sanciones específicas a los líderes de la junta y a las empresas de propiedad militar, y remita la situación del país a la Corte Penal Internacional (CPI), señaló Human Rights Watch. Para apoyar mejor a las personas necesitadas, los donantes deben canalizar la ayuda a través de grupos de la sociedad civil y esfuerzos transfronterizos, apoyar a organizaciones independientes y permitir la transferencia de fondos a estos grupos fuera del sistema bancario formal de Myanmar.
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