Dos juzgados reabren investigaciones por la gestión de la pandemia en Madrid y señalan a tres ex altos cargos por denegar asistencia sanitaria
The post La Justicia pone contra las cuerdas a Ayuso por las muertes en residencias first appeared on Hércules. La gestión de la pandemia en las residencias de mayores de Madrid vuelve a estar bajo el foco judicial. Dos juzgados madrileños han imputado a tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tras la petición de la Fiscalía, reabriendo causas previamente archivadas por las muertes de miles de ancianos durante la primera ola de la COVID-19. La reapertura de los procedimientos podría desatar un “efecto cascada”, alertan fuentes jurídicas consultadas por The Objective.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha sido el primero en mover ficha. Su titular, la jueza Isabel Durántez, ha reabierto una causa por la muerte de residentes vinculada a los controvertidos protocolos de no derivación hospitalaria. En el centro de la investigación están Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño, ex responsables sanitarios durante los primeros meses de la crisis sanitaria.
Imputados por impedir derivaciones a hospitales
Los imputados formaron parte del equipo que diseñó los conocidos como “protocolos de la vergüenza”, los cuales, según familiares de las víctimas, impedían el traslado de residentes enfermos a hospitales. La querella se basa en la posible comisión de un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, contemplado en el artículo 511 del Código Penal, con penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación de hasta cuatro años.
Aunque los tres ex altos cargos estaban citados a declarar el pasado martes, la comparecencia fue suspendida. Alegaron que no se les había notificado adecuadamente el contenido de las actuaciones, una situación que su defensa considera una vulneración del derecho a defensa y que la parte denunciante tacha de “maniobra dilatoria”. La jueza ha anunciado que volverá a citarles en las próximas semanas.
La presión judicial no termina ahí. El Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés también ha iniciado diligencias por una denuncia similar. En esta causa se repite la imputación de Mur, Peromingo y Burgueño, pero se añaden dos nuevos investigados: Pablo Busca, exdirector del SUMMA 112, y María Jesús Molina, geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.
En este nuevo procedimiento, las familias denuncian que las ambulancias dejaron de recoger a los residentes enfermos, salvo que existiera una orden explícita del geriatra del hospital. Una práctica que, a su juicio, costó miles de vidas.
La Fiscalía cambia de criterio y desata un terremoto político
Las decisiones judiciales llegan después de que la Fiscalía solicitara escuchar a las víctimas, tras años de protestas y reclamaciones judiciales. Las familias llevan cinco años denunciando la falta de investigación sobre la gestión del Gobierno de Ayuso en las residencias. Este giro de la Fiscalía ha generado controversia. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido explicaciones al Ministerio Público por su cambio repentino de criterio.
Desde el Ejecutivo autonómico se insiste en que los profesionales actuaron correctamente y se realizaron más de 11.000 derivaciones hospitalarias. El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, ha pronosticado que ambas causas serán finalmente archivadas, como ocurrió en ocasiones anteriores. A su juicio, se trata de una estrategia política de la izquierda, que “retuerce el dolor de las familias” con fines partidistas.
Mientras tanto, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha lanzado un mensaje directo a la presidenta regional: “Ayuso no puede huir eternamente de su responsabilidad”. El caso ha reabierto una profunda herida en la sociedad madrileña, donde la muerte de 7.921 ancianos en residencias sigue siendo una de las cicatrices más dolorosas de la pandemia.
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