La limitación de precios y la presión sobre propietarios impulsan la retirada de viviendas del alquiler y agravan la escasez de oferta
The post La Ley de Vivienda provoca una fuga de viviendas del mercado, agravando la crisis first appeared on Hércules. La Ley de Vivienda, en vigor desde hace casi un año, ha provocado un terremoto en el mercado del alquiler en España. Nacida con el objetivo de proteger al inquilino y contener el precio de los arrendamientos mediante la declaración de zonas tensionadas y la limitación de rentas, sus efectos han sido muy diferentes a los deseados: una fuga masiva de viviendas del mercado de alquiler y un aumento de las dificultades de acceso a un hogar.
Según los datos de Fotocasa Research, casi el 40% de los propietarios se plantean retirar su vivienda del alquiler a consecuencia directa de la ley. Esta reducción de oferta ha creado un mercado más compacto, menos accesible y con precios tensionados, afectando especialmente a quienes buscan una vivienda hoy.
Inquilinos sin respaldo y propietarios desincentivados
El impacto en los inquilinos es claro: solo 2 de cada 10 se sienten respaldados a la hora de alquilar. Mientras la normativa blinda a los arrendatarios actuales contra subidas abusivas, perjudica seriamente a los futuros inquilinos al reducir el número de viviendas disponibles. Como explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, “las dificultades de acceso a la vivienda en alquiler son hoy peores que antes de la ley”.
Para los propietarios, la sensación es aún más negativa. Un 48% considera que la normativa les dificulta alquilar, y apenas un 11% afirma que la facilita. Este clima de desconfianza ha llevado a muchos arrendadores a optar por el alquiler vacacional, con un 34% ya trasladando sus propiedades a esta modalidad, donde la ley impone menos restricciones.
Más propietarios abandonan el alquiler tradicional
Otra tendencia preocupante es el aumento del alquiler por habitaciones: el 28% de los propietarios ya opta por arrendar individualmente partes de su vivienda, frente al 22% de hace un año. Esta práctica fragmenta aún más el mercado y restringe la disponibilidad de viviendas completas, complicando la búsqueda de hogares familiares.
La fuga de inmuebles también varía según la comunidad autónoma. Cataluña, donde la aplicación de la ley ha sido especialmente estricta, lidera el éxodo con un 48% de propietarios planteándose abandonar el alquiler tradicional. Le siguen Andalucía (47%), la Comunidad Valenciana (34%) y la Comunidad de Madrid (29%). A nivel nacional, un preocupante 61% de los arrendadores no tiene intención de aumentar su oferta de vivienda.
Menos inversión en la calidad del parque de alquiler
Otro efecto colateral de la Ley de Vivienda es la reducción de la inversión en los inmuebles ya alquilados. El 47% de los propietarios afirman que gastarán menos en mejoras y mantenimiento, una cifra que crece año tras año. Esta tendencia puede empeorar el estado general de las viviendas disponibles y reducir la calidad del parque de alquiler a medio plazo.
La Comunidad Valenciana es donde más se acusa esta falta de inversión (61%), seguida de Andalucía (47%), Cataluña (42%) y Madrid (38%). La consecuencia directa será un mercado con viviendas más envejecidas y menos atractivas, lo que afectará especialmente a los inquilinos más vulnerables.
El PERTE de Sánchez: una respuesta insuficiente
Como intento de frenar esta crisis, el Gobierno ha anunciado un PERTE de 1.300 millones de euros para impulsar la vivienda industrializada. El objetivo es aumentar la oferta de forma rápida y contener la escalada de precios. Sin embargo, expertos advierten que, aunque bienvenida, esta medida llega tarde y es insuficiente para revertir los efectos de una normativa que desincentiva la participación privada y ahuyenta a los propietarios.
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