Un estudio cifra en 70.000 millones de euros anuales el impacto económico de la sobrerregulación en España, que cae en los rankings internacionales
The post La maraña normativa le cuesta 4.400 euros a cada hogar español first appeared on Hércules. La economía española sufre un grave problema estructural que lastra su crecimiento: el exceso de regulación. A medida que se acumulan leyes, normas y disposiciones, la actividad económica se vuelve más compleja, cara y lenta. Así lo demuestra el último análisis del Instituto Juan de Mariana (IJM), que cifra en más de 70.000 millones de euros anuales el coste directo de esta “diarrea legislativa”, como la ha calificado el profesor de Economía de la URJC Fernando Pinto.
El impacto para los ciudadanos es difícil de ignorar: más de 4.400 euros por hogar, o 1.470 euros por persona, es el coste medio estimado de esta sobrerregulación. Y eso sin contar los efectos invisibles, como la incapacidad de muchas pequeñas empresas para crecer o competir en igualdad de condiciones frente a otras economías con marcos más ágiles y eficientes.
España, a la cola en libertad regulatoria
En los rankings internacionales de complejidad normativa, España se desploma a la antepenúltima posición entre las 63 economías analizadas. Ha pasado de ocupar el puesto 50 al 61, con una caída del 50% en su puntuación, que se ha desplomado de 26 a apenas 13 puntos. Esta caída refleja el creciente deterioro del entorno normativo en nuestro país, que ahuyenta inversiones y frena la productividad.
El exceso de regulación, particularmente la que emana de las comunidades autónomas, es uno de los principales factores de este declive. El IJM ha aplicado una versión de la Curva de Laffer a la carga regulatoria, relacionando el número de normas autonómicas con el crecimiento del PIB real per cápita. El resultado es claro: a mayor densidad normativa, menor crecimiento económico.
Uno de los sectores más afectados es el comercio minorista, donde España aplica hasta 390 normas distintas solo sobre horarios comerciales, situándose como el tercer país de la UE con más barreras en este ámbito. La consecuencia es una pérdida de competitividad frente a economías europeas más abiertas.
El propio sector del retail y la distribución estima que una reducción del 10% en estas trabas podría generar un impacto económico positivo de 9.550 millones de euros. Pero mientras tanto, emprendedores y empresarios deben navegar por una selva de reglas dispares, contradictorias y en constante cambio.
Durante su intervención en el pódcast Con Ánimo de Lucro, el investigador del IJM Diego Sánchez de la Cruz expuso varios casos de exceso regulatorio que paralizan sectores clave y complican la vida empresarial. Por su parte, Fernando Pinto subrayó la urgencia de adoptar reformas para simplificar el marco normativo, armonizar la legislación entre comunidades y eliminar trabas innecesarias.
Pinto denuncia que “la diarrea legislativa nos cuesta más de 4.400 euros por hogar”, una cifra que debería encender todas las alarmas políticas y sociales. “Es necesario un consenso nacional para reducir la carga normativa, facilitar la actividad empresarial y permitir que nuestras pymes crezcan”, concluye.
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