El Gobierno de Sánchez impulsa una reforma del Reglamento del Congreso que restringe el acceso a periodistas, aumentando el control gubernamental sobre la prensa
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza unas declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados en 2023 // Pool Moncloa – Fernando Calvo
El Gobierno de Pedro Sánchez, con el apoyo de sus socios parlamentarios, ha impulsado una controvertida reforma del Reglamento del Congreso que amenaza gravemente la libertad de prensa. La modificación del artículo 98 establece que el acceso de los periodistas al Parlamento dependerá de la Mesa del Congreso, la cual podrá decidir qué medios y profesionales cumplen con el “derecho a la información veraz”, un concepto ambiguo que queda en manos de una mayoría afín al Gobierno.
El Partido Popular (PP) y Vox han mostrado un rechazo rotundo a la iniciativa, denunciando que se trata de un intento más del Ejecutivo de censurar y controlar a los medios críticos con la gestión del Gobierno. Esta reforma se produce en un contexto de crecientes ataques de Sánchez y su gabinete contra determinados medios de comunicación, especialmente aquellos que han revelado informaciones comprometedoras sobre escándalos de corrupción que afectan a su entorno familiar y político.
Un Consejo Consultivo para sancionar periodistas
La reforma también prevé la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, un organismo que estará compuesto por representantes de los grupos parlamentarios y asociaciones de prensa. Su función principal será evaluar y sancionar a periodistas que, según los criterios del reglamento, incurran en “infracciones”. Estas infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves, con sanciones que podrían ir desde una simple advertencia hasta la expulsión definitiva del Congreso, impidiendo el ejercicio de la profesión en sede parlamentaria durante cinco años.
Esta nueva regulación plantea serias dudas sobre la independencia y pluralidad de la información dentro del Congreso, pues el criterio de “información veraz” se convierte en una herramienta subjetiva que podría usarse para vetar a periodistas incómodos para el Gobierno. En especial, se teme que esta medida se utilice para excluir a comunicadores como Vito Quiles y otros periodistas que han destapado casos de corrupción vinculados al PSOE.
Un ataque a la prensa en plena crisis del Gobierno
El momento en el que se impulsa esta reforma no es casual. Pedro Sánchez ha intensificado sus ataques contra los medios de comunicación en las últimas semanas, coincidiendo con el avance de diversas investigaciones judiciales que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez. Desde el Ejecutivo se ha acusado a algunos medios de “desinformar” y de estar alineados con la oposición, lo que refuerza la sospecha de que esta reforma busca blindar al Gobierno de futuras investigaciones periodísticas que puedan dañar su imagen.
Los críticos con esta reforma alertan de que la redacción actual del reglamento podría derivar en una censura encubierta, donde el acceso al Congreso se convierta en un privilegio reservado solo para los medios afines al oficialismo. Además, advierten que esta medida podría ser el primer paso para instaurar un mayor control sobre el periodismo en otras instituciones del Estado.
El PP y Vox denuncian la censura
Ante esta situación, el Partido Popular y Vox han calificado la reforma como un ataque directo a la libertad de prensa y a la democracia. Ambos partidos han anunciado que buscarán frenar esta iniciativa por todas las vías legales y parlamentarias posibles. Desde la oposición, también han alertado a organismos nacionales e internacionales para que supervisen el deterioro de la libertad de expresión en España.
“Esta reforma es un claro intento de control de la información por parte del Gobierno de Sánchez. Quieren decidir quién puede informar y quién no, lo que es una auténtica aberración democrática”, ha declarado un portavoz del PP. En la misma línea, desde Vox han afirmado que “Pedro Sánchez está siguiendo la hoja de ruta de los regímenes autoritarios, restringiendo el acceso a la información a los medios críticos”.
Un nuevo escándalo en un Gobierno debilitado
Este nuevo movimiento del Ejecutivo de Sánchez se suma a la larga lista de polémicas y escándalos que han marcado su legislatura. Con una opinión pública cada vez más polarizada y un creciente descontento entre la población, esta reforma podría convertirse en otro punto de inflexión en su mandato.
La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia, y cualquier intento de limitarla representa un retroceso alarmante. Si esta reforma se aprueba, España podría dar un paso preocupante hacia un modelo de control gubernamental sobre los medios de comunicación, algo más propio de regímenes autoritarios que de democracias consolidadas.
En los próximos días, se espera que las asociaciones de prensa y los propios periodistas se pronuncien en contra de esta medida, exigiendo garantías para el ejercicio libre de su profesión. La pregunta que queda en el aire es si Pedro Sánchez está dispuesto a dar marcha atrás o si seguirá adelante con su ofensiva contra la prensa independiente.
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