Guardian Defense & Homeland Security ha sido una de las principales proveedoras de material de seguridad para organismos públicos españoles
The post La rescisión del contrato con Guardian Defense podría acarrear compensaciones al Estado first appeared on Hércules. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido rescindir el contrato para adquirir 15 millones de balas destinadas a la Guardia Civil, firmado con Guardian Defense & Homeland Security, una empresa con fuertes vínculos con fabricantes israelíes de material militar. Esta decisión ha generado tensiones políticas tanto entre los aliados del Gobierno como en la oposición.
Amplia trayectoria de contratos con la administración
Guardian Defense & Homeland Security es una firma con una extensa trayectoria de colaboración con organismos públicos en España, especialmente en sectores de seguridad, emergencia y fuerzas armadas. Según reveló Vozpópuli, esta empresa ha trabajado estrechamente con distintas entidades estatales a lo largo de los últimos años. Actualmente, acumula al menos 62 contratos adjudicados por distintas entidades de la administración, según registros oficiales de contratación pública.
Entre sus contratos destacan suministros de elementos de protección personal, placas balísticas, dispositivos de rayos X, mochilas de hidratación ignífuga, y sistemas de iluminación. Aunque uno de los contratos más relevantes era el suministro de munición para la Guardia Civil, también recientemente recibió una adjudicación del Ayuntamiento de Torrelavega para la entrega de barreras portátiles antiembestida.
Antes de que Moncloa ordenara la cancelación del contrato, el Ministerio del Interior ya había evaluado las opciones legales disponibles. La Abogacía del Estado recomendó no rescindirlo debido a que el proceso de adjudicación ya se encontraba en una fase muy avanzada, como se reflejaba en el pliego de cláusulas administrativas.
El informe jurídico señalaba que, una vez formalizado el contrato hecho que se produjo oficialmente el 18 de abril , cualquier decisión de cancelación debía compensar a los adjudicatarios por los gastos ocasionados, conforme a lo estipulado en la legislación de contratación pública. Esta información fue adelantada por Vozpópuli, que accedió a los documentos de la Abogacía del Estado incluidos en los pliegos del contrato. Esta situación podría implicar costes adicionales para la administración como consecuencia de la resolución unilateral ordenada por el Gobierno.
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