A pesar de la celebrada subida de las pensiones, los jubilados continuarán perdiendo poder adquisitivo debido a la inflación y la falta de ajuste en el IRPF
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Varios pensionistas juegan al dominó en un parque de Madrid // Eduardo Parra – Europa Press
El Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles la revalorización de las pensiones para 2025, lo que supone un alivio para los más de 12 millones de pensionistas y 674.000 hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, a pesar de la subida nominal de las pensiones, los jubilados continúan perdiendo poder adquisitivo debido a la inflación y la falta de ajuste en el IRPF.
Desde el 1 de enero de 2025, las pensiones contributivas y de clases pasivas han aumentado un 2,8%, conforme al IPC medio interanual, calculado con la inflación entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024.
Las pensiones mínimas han experimentado un incremento aproximado del 6%, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) han subido un 9%. En detalle, aunque la subida media de las pensiones mínimas es del 6%, las prestaciones con cónyuge a cargo y las pensiones de viudedad con cargas familiares han registrado un aumento del 9,1%.
Por otro lado, la pensión máxima del sistema se ha revalorizado en 2025 aplicando el IPC más un 0,115% adicional, según lo estipulado en la reforma de las pensiones. Como resultado, esta prestación ha pasado de 3.075,04 euros mensuales en 2024 a 3.267,60 euros en 2025, en 14 pagas.
Más pensiones, pero menos poder adquisitivo
A pesar de estas mejoras, el aumento de las pensiones no se traduce en una mejora real del poder adquisitivo de los jubilados. La razón principal es la carga fiscal que pesa sobre ellos. El IRPF no se ha ajustado a la inflación, lo que provoca que muchos pensionistas terminen tributando en un tramo superior, viéndose obligados a pagar más impuestos sin que su capacidad de compra aumente en términos reales.
En los últimos años, la falta de deflactación del IRPF ha sido un problema recurrente. En 2023, cuando las pensiones subieron un 8,5%, miles de jubilados vieron cómo su carga fiscal también aumentaba, absorbiendo gran parte de la revalorización de sus prestaciones. Este fenómeno se repite en 2025, con la subida del 2,8%, que no logra compensar la pérdida de poder adquisitivo derivada del incremento de la presión fiscal.
Para los pensionistas con ingresos situados en los tramos más bajos del IRPF, este problema es aún más grave. Un jubilado con una pensión de 22.000 euros anuales puede haber recibido un incremento cercano a los 1.870 euros en 2023, pero una parte significativa de esta cantidad se ha visto reducida por los impuestos. Dependiendo de su situación, el aumento en la carga fiscal podría haber sido de entre 300 y 600 euros anuales, reduciendo considerablemente el impacto positivo de la subida nominal de su pensión.
Otro factor que afecta a los jubilados es el déficit creciente de la Seguridad Social, que cerró 2024 con un agujero de 66.000 millones de euros. Esta situación plantea incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo y sobre futuras revalorizaciones. Si bien el Gobierno ha garantizado que las pensiones seguirán subiendo en función del IPC, la realidad es que los costes asociados a estas subidas están aumentando la presión fiscal en otros ámbitos, afectando de manera indirecta a los pensionistas.
La inflación no perdona a nadie
Además, el contexto económico sigue marcado por la inflación, que, aunque en niveles más moderados que en años anteriores, continúa afectando a los precios de bienes y servicios esenciales. Los pensionistas destinan gran parte de sus ingresos a gastos como la alimentación, la vivienda y la sanidad, sectores donde los precios han subido por encima del IPC general, erosionando aún más su capacidad de compra.
Numerosos expertos y asociaciones de jubilados, en medio de este preocupante contexto, han solicitado una reforma fiscal que contemple la deflactación del IRPF, permitiendo que las subidas de las pensiones sean efectivas y no queden diluidas en una mayor carga tributaria. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha planteado ajustes en este sentido, dejando a los pensionistas en una situación cada vez más precaria.
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