Los agentes de la Guardia Civil respaldan punto por punto su informe y mantienen que el fiscal general lideró la difusión de información reservada sobre la pareja de Ayuso
The post La UCO insiste ante el Supremo: García Ortiz, figura clave en la filtración del caso González Amador first appeared on Hércules. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comparecieron este lunes ante el Tribunal Supremo para confirmar el contenido del informe que elaboraron sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En ese documento, se atribuye al máximo responsable del Ministerio Público un papel determinante en la supuesta filtración de datos protegidos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Durante su declaración como peritos, los técnicos reafirmaron sus conclusiones, señalando que el informe refleja únicamente los aspectos que consideraron relevantes para la investigación, excluyendo detalles personales o confidenciales, como información médica extraída de los mensajes analizados entre García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. La omisión de algunos fragmentos, explicaron, se hizo para proteger la privacidad de los implicados, sin que ello afectara a las conclusiones del análisis.
También descartaron incluir ciertas noticias publicadas por la prensa al considerar que no hacían referencia directa al correo electrónico central de la investigación, y por tanto, no aportaban elementos que ayudaran a esclarecer la supuesta filtración.
El foco de las pesquisas se ha trasladado al terminal de Pilar Rodríguez, incautado el 30 de octubre de 2024 durante el registro en su despacho, después de constatarse que el móvil de García Ortiz había sido borrado voluntariamente, al igual que su cuenta de correo personal de Gmail.
Una diligencia clave en la causa
La comparecencia de los agentes fue solicitada por la propia defensa del fiscal general, que ha intentado sin éxito que se declare nula la entrada y registro en los despachos tanto de García Ortiz como de su subordinada. Aunque el juez instructor, Ángel Hurtado, rechazó inicialmente que los peritos ratificaran su informe, la Sala de Apelación corrigió su decisión y permitió que se llevara a cabo esta diligencia, al considerar que la ley autoriza solicitar aclaraciones en cualquier fase del procedimiento.
El informe de la UCO resulta crucial en la investigación por revelación de secretos, ya que sostiene que la información sobre la causa abierta a González Amador —y su posible reconocimiento de delitos fiscales para pactar con la Fiscalía— fue filtrada desde la propia institución. En concreto, se alude a un correo del 2 de febrero de 2024 en el que la defensa del empresario se mostraba dispuesta a negociar un acuerdo con el fiscal del caso, Julián Salto.
La nota de prensa difundida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, en respuesta a una información publicada la noche anterior por El Mundo, también está bajo investigación. Según el informe policial, entre las 21:59 horas —cuando García Ortiz recibió el correo con los mensajes entre el fiscal y la defensa— y las 23:51 —cuando la información se hizo pública—, solo unas pocas personas tenían conocimiento de la documentación y del comunicado en preparación.
Los agentes concluyen que esas personas pertenecían a la cúpula fiscal: el propio García Ortiz, la fiscal jefe de Madrid, la fiscal superior, y otros responsables de delitos económicos. También subrayan que fue el fiscal general quien impulsó directamente la redacción y publicación de la nota institucional para contrarrestar lo que consideraba una versión inexacta difundida por los medios.
Además, uno de los aspectos más controvertidos es que García Ortiz pidió a Pilar Rodríguez que le remitiera los correos a una cuenta personal de Gmail, fuera del canal oficial, una acción que eliminó cualquier rastro del envío y que complica la trazabilidad de la información.
Sin acceso al contenido del móvil del fiscal
Tras confirmar que el contenido del teléfono móvil del fiscal general había sido eliminado, el juez instructor intentó obtener datos a través de WhatsApp y Google. Sin embargo, las plataformas remitieron información que no resultó útil para la investigación.
El informe de la UCO también destaca que la denuncia contra González Amador fue recibida por la Fiscalía General del Estado el 8 de marzo y, tan solo cuatro días después, su contenido ya había trascendido a los medios de comunicación, lo que refuerza la hipótesis de que la filtración tuvo su origen dentro de la propia Fiscalía.
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