El Sindicato Ferroviario ha anunciado movilizaciones en contra de esta decisión europea debido al impacto que tendrá tanto en la calidad del servicio como en las condiciones laborales de los trabajadores de Renfe
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Imagen: Óscar Puente, ministro de Transportes-EFE
El Sindicato Ferroviario ha convocado una importante manifestación en Madrid este miércoles 11 de diciembre para mostrar su rechazo al inminente proceso de privatización de los servicios de cercanías y media distancia de Renfe. La protesta, que comenzará a las 12:30 horas en la Avenida de la Ciudad de Barcelona, pretende visibilizar las graves consecuencias que esta liberalización podría tener tanto para los trabajadores como para los usuarios.
La liberalización del sector ferroviario se enmarca en una directiva europea que, según los sindicatos, prioriza los intereses empresariales sobre el servicio público. Así, este modelo no busca mejorar la calidad del transporte, sino permitir la entrada de empresas privadas en un sector tradicionalmente público y estratégico, denuncian desde el sindicato.
Esto supondrá más problemas de los que ya arrastra Renfe, y no solo por la previsible caída en los ingresos por la venta de billetes, sino por los trenes con los que presta el servicio. El cuarto paquete ferroviario contempla que los operadores privados que consigan rutas o frecuencias para operar en España deberán disponer de los trenes públicos, en este caso los de Renfe, para dar servicio.
Así lo ha explicado Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario. «Renfe estará obligada tal y como está planteado ahora el próximo paquete de liberalización ferroviaria, a ceder sus trenes a empresas privadas, una situación inédita».
El Gobierno está trabajando en un borrador de orden ministerial para aplicar estos aspectos de la liberalización del sector, en base a lo que Bruselas aprobó en este sentido en 2016. Las empresas y organismos implicados ya están presentando alegaciones.
El impacto sobre los trabajadores de Renfe
Otro de los problemas, según Sindicato Ferroviario, está en que se obliga también a la subrogación de empleados públicos a las empresas privadas que resulten adjudicatarias.
De esta manera, los empleados de Renfe temen perder las condiciones actuales en la empresa, «por no hablar de qué pasará con los empleados privados que se subroguen a Renfe en el caso de que la empresa pública gane concursos cuando estén en manos de empresas privadas», explica Escudero, en referencia a las habilitaciones, exámenes y pruebas que deben aprobar los empleados de Renfe para estar habilitados para trabajar en ella.
El nuevo sistema se basará en contratos de larga duración (10 años o más) donde las empresas privadas recibirán compensaciones económicas por parte del Estado. Estas compensaciones cubrirán la diferencia entre los ingresos por venta de billetes y los costes operativos, garantizando además un beneficio del 3% sobre el precio de adjudicación.
Este modelo ya se ha implementado en otros servicios ferroviarios como el de mercancías, el de trenes turísticos y el de servicios comerciales de alta velocidad, y la experiencia ha demostrado que la entrada de actores privados no se traduce en una mejora del servicio para los usuarios. En efecto, se teme que este modelo puede llevar a una reducción de frecuencias en rutas menos rentables y a un incremento de los precios.
Los sindicatos argumentan que el transporte ferroviario es un derecho fundamental que garantiza la movilidad de los ciudadanos y que no debería estar sometido a criterios puramente mercantiles. La privatización podría afectar especialmente a las zonas rurales y rutas menos transitadas, donde el servicio público es esencial para mantener la conectividad territorial.
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