El Tribunal de Justicia de la Unión Europea responderá tras el verano a la primera cuestión prejudicial sobre la ley aprobada por el Congreso
The post La UE no se pronunciará sobre la amnistía hasta el otoño first appeared on Hércules. La primera sentencia europea sobre la ley de amnistía al procés independentista no llegará hasta después del verano. Así lo han confirmado fuentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que prevén emitir su dictamen entre septiembre y octubre de este año. El fallo afecta directamente al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras, que seguirán sin saber si Bruselas avala o no el perdón aprobado por las Cortes españolas.
El TJUE debe responder a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas, la primera que se elevó a Luxemburgo tras la aprobación de la amnistía el 30 de mayo de 2024. El procedimiento gira en torno al desvío de fondos públicos por valor de hasta 5,3 millones de euros, presuntamente utilizados para organizar el referéndum ilegal del 1-O y para impulsar la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017.
Primera decisión europea, pero no antes de septiembre
Aunque el juicio en el Tribunal de Cuentas quedó visto para sentencia el 29 de mayo de 2024, un día antes de la aprobación definitiva de la ley de amnistía, el procedimiento quedó suspendido en cuanto la consejera instructora, Elena Hernáez, elevó su consulta al TJUE. En su auto de 56 páginas incluyó ocho preguntas clave que afectan al modo en que la justicia española puede aplicar una norma nacional en conflicto potencial con el Derecho de la Unión.
El Tribunal de Cuentas se muestra crítico con la ley, subrayando que es “muy difícil conciliarla con la prevención de la impunidad del fraude y la corrupción” que exige la normativa europea. El procedimiento afecta no solo a Puigdemont y Junqueras, sino también a Artur Mas y a otros 32 ex altos cargos del Govern catalán.
Ponen el foco en la malversación
Las dudas planteadas por el Tribunal de Cuentas al TJUE se centran en cómo aplicar la amnistía cuando está en juego la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, lo que afecta directamente al delito de malversación. Esta figura es precisamente la que más controversia ha generado en la aplicación de la ley.
Ya el Tribunal Supremo resolvió en julio de 2024 que la amnistía no era aplicable a las responsabilidades penales derivadas de este delito. En consecuencia, Pablo Llarena mantuvo vigente la orden de detención nacional contra Puigdemont y la Sala de lo Penal, entonces presidida por Manuel Marchena, rechazó levantar la inhabilitación de Junqueras.
Mientras la justicia europea sigue su curso, el Tribunal Constitucional (TC) español tiene previsto pronunciarse antes del verano sobre el primero de los 30 recursos presentados contra la amnistía. La deliberación arrancará el 10 de junio, con la vista puesta en un pleno monográfico a finales de mes.
El Partido Popular ha solicitado que se paralice la resolución del Constitucional hasta conocer el criterio del TJUE, siguiendo la posición de los magistrados conservadores del tribunal. Sin embargo, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha rechazado esa petición, asegurando que el tribunal puede valorar la constitucionalidad de la norma sin esperar a Europa.
Puigdemont, fugado, y Junqueras, inhabilitado
El retraso en el pronunciamiento europeo mantiene en suspenso la situación judicial de los principales líderes del procés. Puigdemont sigue fugado en Bélgica, protegido por su escaño europeo y pendiente de múltiples frentes judiciales, mientras que Junqueras continúa inhabilitado, tras cumplir parcialmente su condena por sedición y malversación.
Hasta que el TJUE aclare si la ley española de amnistía vulnera los principios fundamentales de la Unión, en especial los relativos a la lucha contra la corrupción y el uso de fondos públicos, los tribunales españoles seguirán divididos y el escenario político y judicial se mantendrá en una incómoda incertidumbre.
La decisión de Luxemburgo será clave para saber si la ley de amnistía puede aplicarse plenamente o si algunos de sus artículos son incompatibles con el marco legal europeo. El veredicto, por tanto, no solo tendrá efectos jurídicos, sino que también podría tener importantes consecuencias políticas, tanto para el Gobierno de Pedro Sánchez como para las fuerzas independentistas.
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