El hermano del presidente del Gobierno se enfrenta a un juicio por tráfico de influencias y prevaricación tras ser acusado de acceder a un puesto “a medida”
The post Las acusaciones populares piden tres años de cárcel para David Sánchez y anular su plaza en la Diputación de Badajoz first appeared on Hércules. El caso que involucra a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, entra en una fase decisiva. Las acusaciones populares piden tres años de cárcel para el músico por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, tras su polémico acceso a una plaza en la Diputación de Badajoz en 2017. El proceso se agrava al incluir también una petición de anulación de la convocatoria de empleo público que le permitió acceder al cargo, además de la devolución de los salarios percibidos.
Las acusaciones, representadas por entidades como Manos Limpias, Hazte Oír, PP, Abogados Cristianos e Iustitia Europa, aseguran que el puesto fue creado expresamente para él, mediante un proceso simulado sin garantías constitucionales, en el que “el resto de los candidatos no tenían posibilidad alguna”.
Dos plazas bajo sospecha y un ascenso cuestionado
El escándalo no afecta solo a Sánchez. La magistrada Beatriz Biedma, que procesó al hermano del presidente a finales de abril, también ha propuesto llevar a juicio a otros 10 acusados, entre ellos el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Además, se solicita la anulación de la plaza otorgada al exasesor de Moncloa Luis Carrero, amigo personal de Sánchez, que aún ejerce como jefe de Centros y Programas de Actividades Fronterizas.
La evolución del puesto de David Sánchez también ha sido objeto de controversia. En 2017 fue nombrado coordinador de los conservatorios y, cinco años más tarde, pasó a dirigir la Oficina de Artes Escénicas, en un movimiento que, según las acusaciones, fue un simple “cambio de nomenclatura” sin proceso selectivo. Para justificar su ascenso, denuncian que se simuló una modificación administrativa para evitar convocar una nueva plaza.
Los testigos del caso, cuyas declaraciones están recogidas en un escrito de 38 páginas, han descrito a David Sánchez como un empleado prácticamente fantasma. Aseguran que no cumplía jornada alguna, no fichaba, apenas acudía a su lugar de trabajo y carecía de colaboradores o resultados documentados. Uno de los testimonios afirma que la plaza ya estaba adjudicada antes incluso de que se abriese el proceso público, lo que refuerza la idea de enchufismo institucionalizado.
El propio Sánchez compareció por segunda vez el pasado 25 de abril, donde negó cualquier irregularidad. Alegó que buscó vivienda en Badajoz “para ver precios”, no porque tuviera garantías sobre la plaza. Sin embargo, la Guardia Civil ha intervenido correos y recabado pruebas que, a juicio de la magistrada, ofrecen indicios sólidos de prevaricación.
Recurso en camino
El músico ya ha anunciado que recurrirá el auto de procesamiento, mientras su defensa ha solicitado que se incorporen las últimas declaraciones testificales al sumario. A pesar de haber rechazado continuar en su puesto a principios de febrero, David Sánchez sigue siendo el centro de una causa judicial de alto perfil, con implicaciones políticas directas para el Ejecutivo.
Las acusaciones piden para él, además de los tres años de cárcel, una multa de 32.400 euros. En el caso del presidente de la Diputación, se solicita su inhabilitación durante 15 años para ejercer cargos públicos y el derecho de sufragio pasivo, así como una sanción económica de seis meses con una cuota diaria de 180 euros.
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