El Gobierno de Pedro Sánchez ha permitido a Junts presentar diferentes medidas encaminadas a frenar la inmigración en Cataluña
The post Las medidas antiinmigración de Junts que asustan a sus socios first appeared on Hércules. Junts continúa elevando las expectativas sobre la cesión de competencias en inmigración y fronteras acordada con el PSOE, aunque su aplicación dependerá de lograr el respaldo parlamentario necesario. La portavoz del partido en el Congreso, Miriam Nogueras, defendió este jueves la importancia de estas transferencias, argumentando que los «servicios están desbordados» en Cataluña y que el fenómeno migratorio agrava la «emergencia lingüística» que, según ella, afecta al catalán.
Pacto para frenar la inmigración a Cataluña
El PSOE y Junts per Catalunya han registrado en el Congreso una propuesta que otorga a la Generalitat nuevas competencias en materia de inmigración, cumpliendo con las exigencias de Carles Puigdemont para garantizar su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez.
El acuerdo prevé que los Mossos d’Esquadra pasen a gestionar la seguridad en las fronteras en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Además, se encargarán de la seguridad en puertos, aeropuertos y fronteras, pasando de 1.800 efectivos actuales a 26.800 agentes. La Generalitat también asumirá la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y tendrá la competencia sobre la devolución de extranjeros con prohibición de entrada.
Además, el pacto establece que Cataluña será la “ventanilla única” para la expedición del NIE, la autorización de estancia de larga duración, la residencia temporal y la residencia de larga duración. La Generalitat también tendrá la competencia sancionadora en procedimientos administrativos relacionados con la inmigración, incluyendo la expulsión y devolución de extranjeros.
Otra de las medidas destacadas es que la Generalitat determinará el contingente de trabajadores extranjeros en la contratación en origen y aplicará su propia legislación en materia lingüística. Además, los Mossos d’Esquadra asumirán competencias en la prevención, persecución y protección de víctimas de trata y explotación humana.
En la exposición de motivos del pacto, se justifica la cesión de competencias alegando que Cataluña cuenta con un alto porcentaje de población inmigrante, con un 18% de ciudadanos extranjeros y un 24% de residentes nacidos fuera de la comunidad. El acuerdo se basa en el artículo 150.2 de la Constitución, que permite la delegación de competencias estatales a las comunidades autónomas.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido el acuerdo, asegurando que “no se cede el control de fronteras”, sino que los Mossos actuarán en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha insistido en que la delegación de competencias “se realiza dentro del marco constitucional”.
Junts busca imponer el catalán a los inmigrantes
Paralelamente, Junts per Catalunya ha anunciado su intención de aprobar una ley catalana de inmigración que incluya como requisito superar un examen de catalán para obtener la residencia. La formación independentista considera que el conocimiento del catalán debe ser “imprescindible” para la regularización de los inmigrantes en Cataluña.
Para ello, Junts está negociando con el PSC y otros grupos del Parlament para aprobar una ley autonómica que defina el desarrollo de las competencias delegadas. Según fuentes del partido, la ley establecería que la prueba de catalán sea realizada a través de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Generalitat. “Si el examen no se aprueba, se denegará el permiso de residencia”, han advertido fuentes de Junts.
El PSOE, por su parte, ha rechazado esta imposición lingüística, asegurando que “saber catalán no es un requisito para obtener la residencia”. No obstante, la falta de claridad en el acuerdo entre PSOE y Junts ha generado dudas sobre cómo se aplicará finalmente esta medida.
Crece el rechazo en la izquierda al pacto con Junts
El acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts para transferir competencias en inmigración a Cataluña ha generado una fuerte oposición en diversos sectores de la izquierda. Figuras como Emiliano García-Page y Felipe González han expresado su descontento, al igual que partidos como Podemos, Sumar y Compromís, que consideran que la medida tiene tintes racistas y de extrema derecha.
García-Page ha manifestado su rechazo calificando el pacto de “hipócrita” y advirtiendo que supone una contradicción con los valores de la izquierda. Según el presidente de Castilla-La Mancha, regular la inmigración por razones lingüísticas o identitarias es una política similar a la de Donald Trump.
Felipe González también se ha posicionado en contra, señalando que la Constitución establece que las competencias en inmigración son exclusivas del Estado y, por lo tanto, no pueden ser transferidas ni delegadas.
Podemos ha sido especialmente crítico, con su portavoz Pablo Fernández asegurando que el pacto “legitima el racismo institucional” y rechazando cualquier intento de Junts de buscar su apoyo. Sumar, por su parte, ha expresado incomodidad con la exposición de motivos del texto, que consideran alineada con discursos de ultraderecha. La formación morada ha advertido que sin sus votos la ley no podrá salir adelante, aunque desde el Gobierno han pedido a todos los grupos parlamentarios analizar el texto antes de tomar una posición definitiva.
Compromís ha advertido que no apoyará una iniciativa que, a su juicio, fomenta una agenda política racista. Su portavoz, Águeda Micó, ha instado al PSOE a replantear la medida para evitar criminalizar la inmigración.
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