El aumento de impuestos y la rigidez laboral han impulsado la economía sumergida en España, afectando a comunidades con dependencia del turismo y la agricultura
The post Las políticas del Gobierno hacen aumentar la economía sumergida first appeared on Hércules. Las políticas económicas del actual Gobierno, basadas en un aumento constante de los impuestos y una mayor intervención en el mercado laboral y empresarial, han provocado un auge de la economía sumergida en España. La excesiva presión fiscal y las trabas burocráticas han empujado a miles de trabajadores y empresarios a operar fuera del sistema oficial para poder subsistir.
Una carga fiscal insostenible
El endurecimiento de las políticas fiscales y el encarecimiento del coste laboral han hecho que muchos autónomos y pequeñas empresas opten por el trabajo en negro para evitar cargas impositivas asfixiantes. Con el incremento de la cuota de autónomos y las subidas de impuestos sobre la renta y el consumo, cada vez más ciudadanos encuentran inviable cumplir con todas las obligaciones fiscales sin poner en riesgo su rentabilidad.
Datos recientes del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia revelan que la economía sumergida en España ascendió a 212.900 millones de euros en 2022, lo que equivale al 15,8% del PIB nacional. Aunque inferior a la media de la Unión Europea (17,7%), esta cifra sigue siendo preocupante y muestra cómo el intervencionismo estatal ha incentivado las prácticas irregulares.
La burocracia y la intervención estatal ahogan a los autónomos y pymes
Otro de los factores que han impulsado el crecimiento de la economía sumergida es la excesiva burocracia impuesta por el Gobierno. La carga regulatoria ha aumentado exponencialmente, con trámites administrativos cada vez más complejos y costosos. Pequeños empresarios y autónomos, que ya enfrentan serias dificultades para mantenerse a flote, encuentran en la economía informal una vía de escape para evitar la asfixiante intervención estatal.
Las políticas laborales también han contribuido a esta situación. La rigidez del mercado laboral, los altos costes de contratación y el endurecimiento de las normativas han llevado a muchas empresas a contratar de manera irregular o, directamente, a prescindir de empleados. Este fenómeno se ha visto acentuado en sectores como la hostelería, la construcción y el comercio, donde el trabajo en negro se ha convertido en una práctica común.
Comparativa de la economía sumergida por comunidades autónomas
El impacto de la economía sumergida varía significativamente entre comunidades autónomas. Según el mismo informe, las regiones con mayor porcentaje de economía sumergida sobre su PIB son:
Canarias y Andalucía: 17,9%
Extremadura: 17,8%
Murcia: 17,4%
Estas comunidades, caracterizadas por una fuerte dependencia del turismo, la agricultura y el empleo estacional, han sufrido especialmente los efectos de las políticas económicas restrictivas. La alta presión fiscal y la rigidez laboral han incentivado la contratación irregular y el trabajo no declarado.
En el extremo contrario, las regiones con menor tasa de economía sumergida son:
Navarra: 14,6%
Cataluña: 14,4%
País Vasco: 13,9%
Comunidad de Madrid: 13,8%
Madrid, por ejemplo, ha mantenido una política fiscal más competitiva, con impuestos más bajos y menos trabas burocráticas, lo que ha favorecido la formalización del empleo y la reducción de la actividad sumergida.
El auge de la economía sumergida tiene repercusiones directas en el mercado laboral y en el bienestar social. La reducción de la recaudación fiscal limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales, lo que a su vez empuja al Gobierno a nuevas subidas de impuestos en un círculo vicioso que penaliza a los ciudadanos cumplidores.
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