El fiscal general está poniendo todos sus medios para evitar el correcto desarrollo de la investigación de su posible delito de revelación de secretos
The post Las técnicas de García Ortiz para retrasar la investigación contra él first appeared on Hércules. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra en el centro de una investigación judicial por presunta revelación de secretos. La investigación se originó a raíz de la supuesta filtración de información confidencial relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se sospecha que García Ortiz pudo haber difundido un correo electrónico que detallaba delitos fiscales admitidos por González Amador. Esta acusación surgió en medio de una campaña de desinformación atribuida al entorno de Ayuso.
Uno de los primeros incidentes que levantó sospechas fue el registro del despacho de García Ortiz el 30 de octubre de 2024, ordenado por el Tribunal Supremo. Durante este operativo, que se prolongó por más de 11 horas, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil clonaron el contenido de sus dispositivos electrónicos en busca de evidencias relacionadas con el caso. Aunque en un principio se destacó la “total colaboración” del fiscal general, posteriormente se descubrió que había eliminado información de sus dispositivos, lo que obligó a los investigadores a realizar una compleja labor tecnológica para intentar recuperar los datos borrados.
La eliminación de datos de sus dispositivos electrónicos ha sido uno de los puntos más controvertidos. Según informes de la UCO, García Ortiz habría borrado todos sus mensajes de WhatsApp el mismo día que el Supremo abrió la causa en su contra. Este hecho ha sido interpretado como una maniobra para entorpecer la investigación, ya que la desaparición de estos datos ha dificultado el esclarecimiento de los hechos y ha requerido la emisión de comisiones rogatorias a Irlanda para obtener información adicional de Google y WhatsApp.
Además, el fiscal general intentó limitar la difusión de información sobre su caso en los medios de comunicación. Presentó una solicitud para que se adoptaran medidas contra la cobertura mediática del proceso, argumentando que se estaba llevando a cabo un “juicio paralelo” que vulneraba sus derechos fundamentales. Sin embargo, el juez instructor del Tribunal Supremo, Luis Hurtado, rechazó esta petición, defendiendo la libertad de expresión y señalando que el juicio mediático no afecta a la legalidad de la instrucción judicial.
Las sospechas de Ángel Hurtado
La falta de colaboración por parte de García Ortiz ha llevado al juez Ángel Hurtado a prorrogar la investigación por seis meses adicionales, hasta el 24 de septiembre de 2025. El magistrado ha destacado que la eliminación de información por parte del fiscal general ha añadido dificultades significativas al proceso, obligando a recurrir a medidas de investigación tecnológica y a la espera de respuestas de comisiones rogatorias internacionales.
Estas actuaciones han generado críticas desde diversos sectores. El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha exigido la dimisión de García Ortiz, acusándolo de entorpecer la investigación judicial al borrar sus mensajes de WhatsApp. Sémper ha afirmado que “quien nada teme, nada borra”, sugiriendo que el fiscal general, al eliminar información, buscaba dificultar el avance de la investigación en su contra.
El Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad la legalidad del registro en el despacho de García Ortiz, desestimando los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Los magistrados consideraron que el delito investigado permitía dicha actuación y que el registro era el único medio posible para avanzar en la investigación.
En su declaración ante el magistrado Ángel Hurtado, García Ortiz evitó responder a las preguntas de las acusaciones, incluida la de su número dos en la Fiscalía, Ángeles Sánchez Conde, quien se amparó en un supuesto “conflicto de antijuricidad” para no formularle preguntas. Esta actuación ha sido interpretada como un salvavidas para su superior jerárquico.
Además, García Ortiz fue el único de los fiscales que ha podido declarar desde el estrado, al mismo nivel que el juez instructor y el resto de los representantes jurídicos personados, en lugar de hacerlo desde el banquillo como el resto de investigados. Durante su comparecencia, negó rotundamente haber filtrado la información protegida, aunque evitó dar detalles concretos de lo ocurrido, limitándose a cuestionar la imparcialidad del juez Hurtado, a quien acusó de tener una “predeterminación” sobre el caso.
Otro punto controvertido ha sido la acusación de García Ortiz contra la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, a quien atribuyó “mucho desafecto” hacia la cúpula actual de la Fiscalía. Esta declaración contradice la testifical de Lastra, quien había denunciado las prisas y la insistencia del fiscal general por obtener la cadena completa de correos que incriminaban a González Amador.
La investigación también ha alcanzado a otros miembros de la Fiscalía. El juez Hurtado ha citado como investigada a Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, por su presunta implicación en la filtración de información. Además, ha extendido la imputación a Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica, quien habría recibido las actuaciones sobre el caso de González Amador por parte de Rodríguez, según informes de la UCO.
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