Los cuerpos superiores del Estado piden equipararse a jueces y notarios, que ya disfrutan de esa posibilidad, para evitar una «discriminación» interna
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Oficina de la AEAT // Europa Press
Los funcionarios más cualificados de la Administración General del Estado han comenzado a presionar al Gobierno para que eleve la edad de jubilación forzosa de los 70 a los 72 años, en línea con lo que ya ocurre con otros cuerpos de élite como jueces, fiscales o notarios. La propuesta, que ha generado divisiones entre los sindicatos, se enmarca en el debate sobre la reforma de la función pública y la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Una jubilación desigual dentro del sector público
Actualmente, los funcionarios deben jubilarse forzosamente a los 65 años, aunque pueden solicitar prórrogas hasta los 70. Sin embargo, algunos cuerpos excepcionales pueden extender su carrera profesional dos años más, hasta los 72, lo que ha sido calificado como un trato discriminatorio por parte de colectivos como administradores civiles del Estado, inspectores de Hacienda, interventores o diplomáticos.
Estos profesionales argumentan que la normativa actual vulnera el principio de igualdad, ya que impone un techo de edad que no afecta por igual a todos los empleados públicos. Además, sostienen que la jubilación forzosa podría incluso rozar la inconstitucionalidad, al entrar en conflicto con principios de no discriminación por edad recogidos tanto en la jurisprudencia nacional como europea.
Uno de los principales argumentos de quienes abogan por extender la edad de retiro es la mejora en las condiciones físicas y cognitivas de los trabajadores veteranos, un fenómeno asociado al aumento generalizado de la esperanza de vida. “Tenemos más años de buena salud y capacidad productiva, y eso debería reflejarse también en la duración de nuestras carreras”, sostienen fuentes del cuerpo de técnicos comerciales del Estado.
Además, remarcan que permitir a quienes deseen seguir trabajando hacerlo de forma voluntaria es una vía para retener talento cualificado, especialmente en puestos de responsabilidad donde la experiencia acumulada puede marcar la diferencia en la gestión de políticas públicas.
Más allá de los motivos jurídicos y profesionales, los defensores de ampliar el tope de jubilación plantean también un argumento económico: aliviar la presión sobre el sistema público de pensiones. Según estimaciones preliminares, retrasar la jubilación forzosa podría suponer un ahorro de entre 30 y 48 millones de euros anuales a partir del segundo año de aplicación. Una cifra modesta en términos absolutos, pero significativa en un contexto de creciente envejecimiento demográfico.
Choque sindical: división entre CCOO, UGT y CSIF
La propuesta, sin embargo, no cuenta con el respaldo de todos los sindicatos. CCOO y UGT rechazan de plano la posibilidad de ampliar la edad de jubilación forzosa, al considerar que entra en contradicción con el objetivo de rejuvenecer las plantillas del sector público, cada vez más envejecidas. Además, aseguran que la medida no estaba incluida en los pactos firmados con el Gobierno a finales de 2024, por lo que ven en ella un posible intento de modificación unilateral.
Frente a ellos, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) defiende que la prolongación del servicio activo debe ser una opción voluntaria, y considera que dependerá de cada comunidad autónoma decidir si la aplica o no, lo que abre la puerta a una posible aplicación desigual del cambio.
Por el momento, el proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado, presentado en el Congreso a comienzos de 2025, mantiene en 70 años la edad máxima de jubilación forzosa para funcionarios, aunque varias enmiendas ya han planteado su ampliación. El texto legal se encuentra en tramitación parlamentaria y todavía le queda un largo recorrido, pero la presión de los cuerpos superiores y el debate sobre la eficiencia del sector público prometen convertir esta medida en uno de los puntos calientes del debate legislativo.
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