Los compañeros de la educadora social insisten en la necesidad de reformar la Ley del Menor para rebajar la edad penal, argumentando que los adolescentes de 16 años son conscientes de sus actos
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Imagen: La educadora asesinada en Badajoz denunció a uno de los menores, según sus compañeros. José Luis Real. Agencia EFE
Hace poco más de una semana, tres jóvenes de 14, 15 y 17 años asesinaron a Belén Cortés, una educadora social de 35 años, en Badajoz. Tras detenerlos, el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad acordó el ingreso de los menores en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales de Menores Marcelo Nessi, como presuntos autores de homicidio, robo con violencia y delito contra la seguridad.
Los dos varones y la mujer serán investigados por un juzgado de menores. Por eso, evitarán la cárcel. El crimen ha puesto el foco precisamente en esta cuestión. Los educadores sociales reclaman una actualización de la Ley del Menor, que data del año 2000 y que establece la responsabilidad penal de los jóvenes, y reivindican rebajar la edad penal, ya que, según argumentan, los adolescentes de 16 años son plenamente conscientes de sus actos.
Las peticiones vienen porque los tres menores serán juzgados con la Ley del Menor, oficialmente conocida como Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, que regula la responsabilidad penal de los menores y que establece en su artículo 1 que “se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de 18 años por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales”.
La ley vela por el interés del menor sin tener en cuenta el delito
Según fuentes jurídicas consultadas por Hércules Diario, si un menor entre los 14 y los 18 años comete un delito “será juzgado bajo los cauces de la Ley del Menor, que vela mucho por su interés”. El abogado destaca que hay que diferenciar entre “penas” y “medidas”, y a los menores se les impone estas últimas cuando tienen más de 14 años. En caso de tener menos edad, se le deriva al sistema de protección de menores. En este sentido, señala además que la investigación del delito cometido “la realiza el Ministerio Fiscal y no un juez de instrucción”, por lo que “el fiscal velará por el interés del menor y llevará a cabo una investigación sesgada”.
Las medidas que se le pueden imponer a un menor están enfocadas en trabajos sociales, medidas educativas o de vigilancia o, en caso de que el delito sea más grave, internamiento en un centro. “En ningún caso prisión”, sentencia el abogado. Así, explica que, si son delitos de menor entidad como vandalismo o robo, estas medidas “pueden tener sentido”. Pero, en el caso de delitos graves, como puede ser un asesinato, “el reproche penal de la Ley del Menor es insuficiente para la gravedad de los hechos cometidos”, señala el abogado.
Las penas que podrían aplicar son las siguientes para los asesinatos de Cortés. Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada hasta tres años. En cambio, si el menor tuviere dieciséis o diecisiete años, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años de duración, complementada en su caso por otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años.
La ley del Menor también recoge que, al cumplir los 18 años, las medidas aplicadas al menor siguen vigentes, ya que se aplica siempre la pena más beneficiosa para el reo. Es decir, si un menor de 17 años comete un asesinato, será internado en un centro de menores el tiempo que estime el juez, incluso cuando haya cumplido y superado los 18 años.
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