El Gobierno de Pedro Sánchez ha facilitado la excarcelación y reducción de penas de numerosos etarras mediante una combinación de reformas legales
The post Los beneficios otorgados a los presos de ETA por el Gobierno de Pedro Sánchez first appeared on Hércules. El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido objeto de duras críticas por los beneficios penitenciarios otorgados a los presos de ETA, especialmente tras la aprobación de la ley que permite descontar las penas cumplidas en Francia del total de la condena en España. Los efectos de esta normativa han permitido la excarcelación de Balbino Saenz Olarra, miembro del comando Madrid, condenado a 108 años por diversos atentados frustrados.
Excarcelación de etarras gracias a la nueva ley
La Ley sobre intercambio de información de antecedentes penales, aprobada en octubre de 2024, ha sido clave en este proceso. Sumar logró introducir una enmienda en esta norma para suprimir la disposición que impedía a los etarras descontarse las penas cumplidas en Francia. El resultado es que los condenados por terrorismo pueden reducir significativamente sus penas en España, lo que ha generado indignación entre las asociaciones de víctimas.
A pesar de la oposición de PP, Vox y UPN, la enmienda fue aprobada sin que muchos diputados fueran conscientes del impacto real de la modificación. Como consecuencia, se espera que otros 52 presos de ETA obtengan reducciones de condena en los próximos meses. Entre los posibles beneficiarios de esta medida se encuentra “Txapote”, uno de los terroristas más sanguinarios de la banda.
La situación actual también tiene su origen en la transferencia de competencias penitenciarias al Gobierno vasco, una decisión tomada por Pedro Sánchez en 2021 como parte de los acuerdos con el PNV. Desde que el Ejecutivo autonómico gestiona las prisiones, se han concedido 82 terceros grados a etarras, permitiéndoles salir de la cárcel antes de tiempo.
Uno de los casos más polémicos es el de Juan Carlos Subijana Izquierdo, condenado por asesinato, quien ha recibido el tercer grado en tres ocasiones, aunque la Audiencia Nacional lo ha revocado cada vez. En total, 15 terceros grados han sido anulados por la Audiencia, lo que evidencia el intento del Gobierno vasco de excarcelar a estos reclusos.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo han denunciado que muchos de los etarras beneficiados no han mostrado arrepentimiento por sus crímenes. Luis Mariñelarena Garciandía y Harriet Iragi Gurrutxaga fueron liberados sin haber mostrado señales de arrepentimiento, lo que ha generado indignación.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha calificado estas medidas como “excarcelaciones encubiertas” y ha anunciado que pedirá a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que revoque la libertad provisional de varios etarras.
Por su parte, el Partido Popular ha acusado a Pedro Sánchez de utilizar las competencias penitenciarias como moneda de cambio con el nacionalismo vasco. Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que estas concesiones suponen una traición a la memoria de las víctimas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la política penitenciaria del Gobierno, asegurando que “la reinserción es un pilar fundamental del sistema penitenciario”. Sin embargo, los datos indican que la gestión penitenciaria del País Vasco ha favorecido a los etarras de manera desproporcionada.
Un precedente peligroso
Desde el traspaso de competencias, el número de terceros grados concedidos a etarras se ha disparado en comparación con la etapa en que las prisiones eran gestionadas por el Ministerio del Interior. Entre octubre de 2018 y octubre de 2021, solo se concedieron 30 terceros grados, de los cuales dos fueron revocados. En cambio, desde 2021, las cifras se han triplicado.
Además, 263 presos de ETA han sido trasladados a cárceles cercanas al País Vasco o Navarra, lo que ha sido percibido como un intento de acercar a los terroristas a su entorno, facilitando su salida en tercer grado.
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