Los escándalos judiciales acorralan a la familia de Pedro Sánchez

El hermano, el cuñado y la esposa del presidente del Gobierno están inmersos en causas por corrupción, tráfico de influencias y uso indebido de fondos públicos
The post Los escándalos judiciales acorralan a la familia de Pedro Sánchez first appeared on Hércules.  Desde presuntas tramas de corrupción y tráfico de influencias hasta actividades vinculadas al sector del ocio sexual y la explotación laboral, la familia política del presidente, en especial la rama familiar de su esposa, Begoña Gómez, ha tejido una red empresarial que salpica directamente la imagen del jefe del Ejecutivo. Este reportaje detalla los vínculos empresariales, las propiedades implicadas y las sanciones impuestas, así como las conexiones políticas que han permitido su expansión en feudos controlados por el PSOE.

El cuñado: beneficios millonarios tras su fichaje

Miguel Ángel Gómez, cuñado de Pedro Sánchez, ha sido denunciado por tráfico de influencias. Tras ser contratado en 2018 como director de postproducción por la productora Vancouver Media, responsable de series como La Casa de Papel, la empresa recibió más de 16 millones de euros en deducciones fiscales del Ministerio de Hacienda.

La querella, presentada por Abogados Cristianos, denuncia que Vancouver empezó a beneficiarse de privilegios fiscales y adjudicaciones públicas sin concurrencia competitiva, coincidiendo con la llegada de Gómez. El Ministerio de Transportes incluso permitió que la productora grabara gratuitamente en instalaciones públicas, lo que antes le costaba decenas de miles de euros.

La organización sostiene que estos hechos solo pueden explicarse por la relación familiar de Gómez con el presidente del Gobierno, y reclama que se investigue si se utilizaron contactos políticos para obtener ventajas económicas. El juez deberá decidir si abre juicio contra él y contra Francesc Vallès, exsecretario de Estado de Comunicación.

El hermano: un puesto a medida en la Diputación de Badajoz

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, será juzgado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La magistrada Beatriz Biedma ha ordenado la apertura de juicio oral tras hallar indicios de que se diseñó un puesto ad hoc para él en la Diputación de Badajoz. Sánchez fue nombrado coordinador de conservatorios en 2017 sin superar un proceso selectivo, justo ni transparente.

Los correos electrónicos intervenidos durante la investigación revelan cómo se tejió la operación. En uno de ellos, fechado el mismo día en que se publicaron las bases del puesto, se alude a él como “hermanísimo”. Otro de los acusados, el exasesor de Moncloa Luis Carrero, le llamó “querido hermanito” en un correo. La juez destaca que David Sánchez negoció el alquiler de una vivienda en Badajoz antes de que su plaza fuera publicada, lo que sugiere que el nombramiento ya estaba pactado.

Además, la magistrada señala que Sánchez usó su influencia para modificar las condiciones de su empleo, evitando acudir a la oficina y dedicándose a su carrera operística. También logró que una persona de su confianza fuera contratada en su mismo despacho. La contratación fue autorizada directamente por Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación y secretario general del PSOE extremeño, también procesado en la causa.

La familia política de Pedro Sánchez: negocios polémicos

Uno de los casos más llamativos es el de la sociedad San Bernardo 36 SL, vinculada a la familia de Gómez, que durante años ha gestionado prostíbulos, saunas gay y sex-shops en diversas localidades de España. Lo más polémico es que varios de estos locales han operado sobre propiedades de MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), y en municipios gobernados por el PSOE, como Torrejón de Ardoz, donde se concedió una licencia municipal para la actividad de “sex-shop” a esta sociedad, según recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

La fortuna familiar se habría consolidado en buena parte gracias a estas actividades de explotación sexual. En el caso del tío de Begoña Gómez, Francisco Enrique Gómez Serrano, la Inspección de Trabajo le ha sancionado por lucrarse de más de diez prostitutas en situación irregular, sin contrato ni alta en la Seguridad Social.

Este mismo empresario figura como propietario del prostíbulo Kilómetro Ochenta, en el que en 2016 la Policía Nacional desarticuló una red de trata de personas que mantenía secuestrada a una mujer rumana. Una sentencia del Tribunal Supremo confirmó que la víctima había sido explotada sexualmente bajo amenazas de muerte.

Francisco Enrique Gómez Serrano gestionó estos negocios en colaboración con el padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez, y utilizaba la citada sociedad San Bernardo 36 SL para canalizar los ingresos. Esta red de locales de ocio para adultos se remonta a décadas atrás, siendo una fuente clave de ingresos para la familia política del presidente del Gobierno.

La esposa: una cátedra bajo sospecha

Begoña Gómez, esposa del presidente, también se encuentra bajo la lupa judicial y parlamentaria. La Asamblea de Madrid ha aprobado un dictamen que concluye que su cátedra universitaria fue creada de forma “anómala, acelerada y dirigida desde La Moncloa”. Según el informe, se cometió un uso indebido de recursos públicos y un posible desvío de fondos estatales con fines personales.

El dictamen recoge testimonios y documentos que demuestran que la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva fue una operación ad hoc para colocar a Gómez en una posición académica que “no le correspondía por formación, vinculación laboral ni experiencia”. Además, se utilizó personal de Presidencia del Gobierno para tareas universitarias, lo que constituiría una injerencia institucional inadmisible.

El proyecto derivó en la creación de una plataforma tecnológica financiada con fondos públicos y gestionada por Gómez, que más tarde se convirtió en una empresa privada con idéntica denominación, funciones y liderazgo. El PP ha anunciado que remitirá el dictamen a la Fiscalía, mientras que Vox denuncia que el informe “se queda corto”.

Los casos abiertos contra el hermano, el cuñado y la esposa de Pedro Sánchez dibujan un patrón preocupante de colocación, trato de favor y utilización de recursos públicos en beneficio del entorno familiar del presidente. Las decisiones judiciales que se avecinan podrían marcar no solo el futuro de estos procesos, sino también el desgaste político del propio jefe del Ejecutivo, quien hasta ahora ha evitado referirse en profundidad a las causas que rodean a sus allegados.

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