Los magistrados, tras recibir instrucciones de la Fiscalía General del Estado, han recomendado no elevar el caso de los ERE a Europa
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Imagen: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y Cándido Conde-Pumpido I El Mundo
La Fiscalía Anticorrupción ha manifestado su oposición a que la Audiencia Provincial de Sevilla plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con el caso de los ERE de Andalucía. Según el Ministerio Público, las dudas expresadas por la Audiencia pueden resolverse conforme al derecho interno, sin necesidad de recurrir a instancias europeas.
Esta postura surge después de que la Audiencia sevillana cuestionara la compatibilidad de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que redujeron las condenas de varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluyendo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, con el derecho de la Unión Europea.
Argumentos de la Fiscalía
En su escrito, la Fiscalía sostiene que el Tribunal Constitucional no se ha extralimitado en sus funciones ni ha actuado de manera arbitraria al anular parcialmente las resoluciones judiciales previas. Además, argumenta que las conductas imputadas en el caso no afectaron los intereses financieros de la Unión Europea, por lo que no sería pertinente involucrar al TJUE en este asunto.
Ante la iniciativa de la Audiencia de Sevilla, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha encargado un informe para evaluar si dicho tribunal provincial tiene la competencia para elevar una cuestión prejudicial al TJUE en este contexto. El Pleno del TC debatirá este asunto el próximo 8 de abril, considerando la posibilidad de permitir que la Audiencia de Sevilla cuestione las sentencias de los ERE ante la justicia europea.
Implicaciones y perspectivas
La decisión de la Audiencia de Sevilla de desafiar al Tribunal Constitucional es inédita y podría sentar un precedente en la relación entre los tribunales nacionales y europeos. Expertos constitucionalistas señalan que, aunque la ley orgánica del TC establece la inapelabilidad de sus decisiones, una resolución favorable del TJUE a la Audiencia de Sevilla podría permitir que los tribunales ordinarios no apliquen las sentencias del Constitucional si se considera que vulneran el derecho comunitario.
En este contexto, la Fiscalía Anticorrupción mantiene que las cuestiones planteadas pueden resolverse dentro del marco jurídico nacional, sin necesidad de recurrir al TJUE, y que el Tribunal Constitucional actuó dentro de sus competencias al revisar las condenas del caso ERE.
Posición de Conde-Pumpido
Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional defiende que las sentencias del TC en el caso de los ERE de Andalucía son plenamente válidas y ajustadas al derecho, rechazando que vulneren la normativa europea. Sostiene que el tribunal ha actuado dentro de sus competencias al revisar y anular parcialmente las condenas de varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía, argumentando que se habían quebrantado principios fundamentales como la legalidad penal y la presunción de inocencia. Además, ha encargado un informe para evaluar si la Audiencia de Sevilla tiene base legal para plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE y, en el próximo pleno del 8 de abril, abordará el debate jurídico sobre este asunto.
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