Los juristas contra las declaraciones de Montero en relación con la presunción de inocencia “gravemente irresponsables”

La vicepresidenta primera del Gobierno defiende sus declaraciones y acusa a la oposición de tergiversar sus palabras, mientras jueces y fiscales critican con dureza su postura y advierten de su peligroso ataque al Estado de Derecho
The post Los juristas contra las declaraciones de Montero en relación con la presunción de inocencia “gravemente irresponsables” first appeared on Hércules.  La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a defender sus declaraciones sobre la presunción de inocencia tras la ola de críticas que han generado. En un mensaje publicado en su perfil de X, la número dos del Ejecutivo ha insistido en que sus palabras han sido manipuladas y ha culpado al Partido Popular (PP) de tergiversarlas.

«No voy a aceptar lecciones ni tergiversaciones del PP. Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo», escribió en su mensaje.

Montero también respondió a las críticas de la oposición recordando episodios polémicos del PP relacionados con el poder judicial, como el caso Gürtel y las críticas de la formación conservadora al Tribunal Constitucional. Sin embargo, su intento de desviar la atención no ha evitado una condena casi unánime desde el ámbito judicial y jurídico.

El origen de la controversia se encuentra en un mitin en Jaén, donde Montero criticó la sentencia absolutoria del exfutbolista Dani Alves y afirmó que «es una vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes valientes que deciden denunciar a los poderosos».

Duro rechazo del poder judicial

Las palabras de Montero han generado un amplio rechazo en el ámbito judicial. Todas las asociaciones de jueces y fiscales han publicado un comunicado conjunto en el que recuerdan que la presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en la Constitución y que sus declaraciones suponen un ataque frontal al Estado de Derecho.

«La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Las resoluciones judiciales se adoptan tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente. Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados», señala el comunicado.

Los jueces también advierten que cuestionar la presunción de inocencia «pone en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios». En este sentido, instan a los representantes públicos a que sus críticas sean fundadas y contextualizadas, ya que de lo contrario, pueden «socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y poner en peligro el Estado de Derecho».

El comunicado ha sido firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

A estas declaraciones se ha sumado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien, preguntado por el fallo judicial en Toledo, afirmó que no comparte la sentencia porque considera que existe un riesgo de revictimización de la víctima. «Necesitamos una justicia que acompañe y defienda a las mujeres», subrayó Urtasun, alineándose así con la postura de Montero.

Juristas alertan del grave peligro de las declaraciones de Montero

Las declaraciones de Montero han sido duramente criticadas por juristas y expertos en derecho, quienes advierten del peligro de debilitar las bases del derecho penal en favor de una narrativa ideológica.

Fuentes jurídicas han calificado sus palabras de «gravemente irresponsables» y han recordado que «la presunción de inocencia es un principio básico del derecho penal que protege a todos los ciudadanos de condenas arbitrarias».

También han advertido que «cuestionar la presunción de inocencia para favorecer la credibilidad de un testimonio va en contra de los principios del garantismo jurídico» y que «la carga de la prueba recae siempre sobre la acusación, no sobre el acusado». «La ministra está jugando con fuego al debilitar principios básicos del Estado de Derecho en aras de una retórica populista», señalan.

Un ataque sin precedentes al Estado de Derecho

Las declaraciones de Montero han generado un profundo debate en el ámbito político y judicial. Mientras que desde el Gobierno defienden la necesidad de proteger a las víctimas y visibilizar la problemática de la violencia de género, los sectores judiciales advierten que el respeto a la presunción de inocencia es innegociable para garantizar la equidad del sistema.

En un escenario de creciente tensión, el cruce de declaraciones entre el Ejecutivo, la oposición y el poder judicial deja patente una fractura sobre la interpretación de los principios fundamentales del derecho y su aplicación en casos mediáticos y sensibles como el de Dani Alves. Lo que está claro es que la postura de Montero representa un ataque sin precedentes a los principios del derecho penal y a la independencia judicial, socavando los pilares de la democracia en España.

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